La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Redeia (Red Eléctrica) por una presunta infracción muy grave relacionada con el apagón eléctrico registrado el 28 de abril del pasado año, según fuentes del organismo supervisor. Según avanza El Español, la apertura del procedimiento introduce pone en cuestión el papel desempeñado por la compañía como operador del sistema, así como sobre la actuación de su presidenta, Beatriz Corredor, quien había rechazado hasta ahora cualquier responsabilidad directa en el incidente.
De acuerdo con la evaluación preliminar elaborada por los servicios técnicos del área de energía, el origen del fallo se vincularía a una deficiente planificación operativa por parte del gestor del sistema eléctrico. Esta conclusión incluye, además, la identificación de decisiones posteriores que habrían contribuido a agravar la situación, comprometiendo la estabilidad del suministro. El expediente señala que estas actuaciones podrían constituir incumplimientos de las funciones esenciales atribuidas a Redeia en virtud de la Ley del Sistema Eléctrico.
Las funciones cuestionadas se centran en la capacidad de equilibrar oferta y demanda, así como en la gestión de incidencias mediante el uso de los recursos disponibles. Estas competencias forman parte del núcleo operativo de la compañía, cuya actividad se desarrolla bajo un mandato público pese a su condición de empresa cotizada con participación estatal. En este contexto, la CNMC considera que los hechos descritos podrían haber tenido un impacto relevante sobre el conjunto del sistema, afectando tanto a operadores como a terceros.
La gravedad de la calificación atribuida a Redeia contrasta con la de otros agentes del sector eléctrico implicados en expedientes paralelos, a los que se atribuyen presuntas infracciones graves, pero sin efectos directos sobre la garantía de suministro. Esta diferenciación introduce una gradación de responsabilidades que podría tener consecuencias tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, especialmente en relación con posibles reclamaciones por daños y perjuicios.
El procedimiento sancionador se inicia en un contexto marcado por las declaraciones previas de la presidenta de Redeia, quien había señalado factores externos como posibles causas del apagón, incluyendo la falta de desarrollo normativo en el ámbito de las energías renovables y la incidencia de una instalación fotovoltaica concreta. Estas afirmaciones han sido cuestionadas por los informes técnicos disponibles, que apuntan a la existencia de mecanismos suficientes de prevención en el momento de los hechos.
Desde el punto de vista jurídico, la consideración de una infracción muy grave implica la posibilidad de imponer sanciones económicas significativas, que podrían alcanzar hasta los 60 millones de euros. No obstante, el procedimiento contempla un plazo máximo de 18 meses para su resolución. Paralelamente, la apertura del expediente podría facilitar la determinación de responsabilidades civiles en procedimientos judiciales derivados del apagón.
