La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), ha aprobado 2,7 millones de euros, a través de tres acuerdos tramitados de emergencia, para atender a 182 menores extranjeros no acompañados (menas) durante el año 2025. Los fondos irán destinados a financiar 112 plazas en centros públicos de gestión directa y otras 70 en instalaciones privadas, según ha informado el Ejecutivo autonómico.
El centro de acogida de La Cantueña, ubicado en Fuenlabrada, jugará un papel clave en esta estrategia de atención. Este recurso, que ha estado rodeado de controversia desde su apertura hace algo más de seis meses, será ampliado si finalmente se confirma el reparto obligatorio de menores impuesto por el Gobierno central. El Ejecutivo regional, aunque ha recurrido esta medida ante el Tribunal Constitucional, debe cumplir con la normativa mientras se resuelve el litigio.
La polémica en torno a La Cantueña ha sido constante. El Ayuntamiento de Fuenlabrada, encabezado por el socialista Javier Ayala, ha intentado en múltiples ocasiones paralizar el proyecto, alegando diversas irregularidades. No obstante, sus iniciativas legales han sido rechazadas por los tribunales de manera reiterada. Esta misma semana, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 ha dictado la primera sentencia firme sobre el asunto, validando plenamente la actuación de la Comunidad de Madrid y anulando el intento del Consistorio de frenar las obras.
El fallo judicial subraya que la propiedad del edificio corresponde actualmente a la Comunidad y que las obras se ajustaron al procedimiento legal. Además, concluye que el Ayuntamiento actuó con desviación de poder al tratar de obstaculizar el acondicionamiento del centro. Con esta resolución se pone fin, al menos de momento, a una larga cadena de recursos, medidas cautelares y enfrentamientos institucionales.
En paralelo, el centro de Fuenlabrada ha sido noticia por un grave altercado protagonizado por varios menores hace apenas unos días. La pelea, de carácter multitudinario, dejó un saldo de doce jóvenes detenidos y siete trabajadores heridos. Aunque los menores regresaron al centro pocas horas después, la Comunidad ha comunicado que se están revisando todos los expedientes de aquellos casos que presenten serias dificultades de integración, y no descarta proponer su reagrupación familiar en sus países de origen si se considera que no pueden adaptarse al entorno, tal y como ha exigido VOX.
