El Gobierno de Sánchez, por exigencia de Junts y amparo del Partido Popular, repartirá más de 4.400 menores extranjeros no acompañados (menas) por distintas comunidades autónomas en los próximos días. La decisión, aprobada en el Consejo de Ministros del martes, se ha llevado a cabo sin contar con el resto de gobiernos autonómicos y ha generado malestar en varias regiones, especialmente en Madrid, que será la que reciba una mayor cantidad de menores.
La distribución de los menores provenientes de Canarias y Ceuta ha sido diseñada de tal manera que Cataluña, gracias a las presiones de los partidos separatistas, apenas tendrá que acoger a 29 niños y adolescentes. En contraste, la Comunidad de Madrid se verá obligada a hacerse cargo de 700, lo que supone un desajuste considerable entre ambas regiones. Esta situación ha provocado una fuerte reacción en el Ejecutivo madrileño, que ya viene denunciando desde hace tiempo el impacto de estas decisiones unilaterales en su capacidad de acogida pero en el pasado votó a favor de su llegada.
En lo que va de 2025, Madrid ya ha recibido 937 menores extranjeros, y la previsión es que, al ritmo actual, el número de acogidos alcance cifras récord al cierre del año. Desde la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid señalan que, desde 2019, han sido 10.618 los menores atendidos en la región. Durante estos seis años, el reparto de menores no acompañados desde el Gobierno central hacia Madrid ha sido constante: 1.219 en 2019, 822 en 2020, 996 en 2021, 2.842 en 2022, 1.360 en 2023 y 2.442 en 2024.
El volumen de llegadas está poniendo en serios aprietos los recursos de acogida, como los centros de primera atención gestionados por la Comunidad y los grandes campamentos de Carabanchel y Alcalá de Henares, habilitados por la Delegación del Gobierno. A ello se suma la falta de apoyo financiero por parte del Estado, lo que dificulta aún más la capacidad de respuesta ante la creciente presión migratoria.
Este nuevo reparto de menores también pone de relieve el retraso en las promesas del Gobierno central. Hace casi dos meses, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se comprometía con el Ejecutivo canario a encontrar una solución para trasladar a la península a los 4.400 menores que permanecen en centros saturados de Canarias y Ceuta. Sin embargo, la implementación de este plan ha tardado en concretarse y su ejecución ha levantado críticas por la disparidad en la asignación de menores entre comunidades autónomas.
