La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha admitido que la Ley de la Huerta, promovida por el expresidente de la Generalidad Valenciana Ximo Puig y sus socios de Compromís, bloqueó la ejecución de obras clave para evitar inundaciones en el barranco del Poyo, una de las zonas más afectadas por la riada que azotó Valencia el 29 de octubre de 2024.
Este reconocimiento llega casi cuatro meses después de la catástrofe y se refleja en un informe oficial al que ha tenido acceso The Objective, donde se detalla cómo el marco normativo impidió actuaciones diseñadas hace más de 15 años para mitigar riesgos en este y otros barrancos.
Según el documento, la CHJ ya había planificado intervenciones para controlar el caudal y prevenir desbordamientos en los barrancos del Poyo y la Saleta, dos de los puntos críticos durante la última dana. Y a pesar de que el Gobierno de Mariano Rajoy cumplió con los trámites exigidos y el proyecto contaba con todos los permisos y estudios necesarios, las obras no se iniciaron tras el cambio de Ejecutivo en 2018, cuando la moción de censura llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa.
Bajo la dirección de Teresa Ribera, el Ministerio para la Transición Ecológica decidió no ejecutar las obras previstas y, en su lugar, ordenó redactar nuevos proyectos, lo que supuso un nuevo retraso en la puesta en marcha de infraestructuras esenciales.
Este replanteamiento se debió a que el Ejecutivo socialista consideró necesario incluir medidas de integración paisajística y correctoras del impacto ambiental y adaptar los proyectos a la Ley de la Huerta aprobada por el Gobierno de Ximo Puig y Compromís, que establecía restricciones sobre las intervenciones en el territorio.
Las decisiones tomadas dejaron sin protección adecuada a la cuenca del barranco del Poyo, lo que, según el informe de la CHJ, fue determinante en el desastre de octubre de 2024.
El informe revela que, en lugar de continuar con las obras que llevaban más de una década en fase avanzada, se optó por modificar los proyectos existentes para ajustarlos a una normativa que limitaba la intervención en el entorno.
