El sistema penitenciario vasco ha colapsado desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió traspasar las competencias y acordó el acercamiento de presos. Tras asumir la gestión de las cárceles de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en 2021, el Ejecutivo autonómico se ha visto sobrepasado por la saturación de reclusos, la escasez de personal y la falta de recursos adecuados. La situación ha alcanzado niveles críticos, con una sobrepoblación alarmante y un incremento de la conflictividad en los módulos carcelarios.
El sindicato mayoritario de los funcionarios penitenciarios vascos, ACAIP–UGT, denuncia que la administración autonómica no contaba con los medios necesarios para gestionar el traspaso de competencias. «Las prisiones han superado con creces su capacidad de acogida, y esto está generando un ambiente de extrema tensión dentro de los centros», afirma Juan Carlos Díaz, coordinador de ACAIP-UGT. Funcionarios del CSIF, por su parte, alertan de que las infraestructuras son insuficientes para atender a todos los internos, y que la sobreocupación ha obligado a liberar reclusos a regímenes abiertos sólo para disponer de más celdas.
Uno de los factores clave en esta crisis ha sido la política de traslados de internos. En marzo de 2023, el Ministerio del Interior puso fin a la política de dispersión, permitiendo el retorno de numerosos presos etarras a las cárceles vascas. Desde entonces, la Consejería de Justicia y Derechos Humanos, bajo el control del Partido Socialista de Euskadi (PSE), ha aprobado el traslado de aproximadamente 300 reclusos desde distintas prisiones del país hasta las instalaciones vascas. De ellos, al menos 106 pertenecen a la banda terrorista ETA.
El Gobierno vasco reconoce que el número de solicitudes de traslado ha superado ampliamente la capacidad operativa de los módulos penitenciarios. Desde 2021 se han recibido más de 1.000 solicitudes, de las cuales 405 han sido rechazadas. Sin embargo, un dato llamativo es que ninguna petición de reclusos con delitos de terrorismo ha sido denegada, lo que sugiere un trato preferencial en su reubicación. Mientras tanto, otros internos han visto frustrados sus intentos de traslado por la falta de espacio disponible.
La situación en las cárceles de Zaballa, Martutene y Basauri es crítica. En estos momentos, el centro penitenciario de Álava alberga a 940 reclusos, el de Guipúzcoa a 352 y el de Vizcaya a 440. En total, la plantilla de funcionarios que debe gestionar esta población carcelaria apenas supera los 600 efectivos, lo que ha agravado aún más la crisis. Los funcionarios advierten que esta sobrepoblación ha provocado un incremento del 400% en la conflictividad dentro de los módulos, con enfrentamientos constantes y crecientes tensiones entre los reclusos.
El hacinamiento es otro problema evidente. Algunas celdas diseñadas para dos personas ahora albergan hasta cuatro internos, lo que exacerba las tensiones y genera condiciones insostenibles. «La diversidad de nacionalidades, las diferencias religiosas y de valores entre los presos, junto con la falta de espacio, están elevando el nivel de conflictos a un punto muy preocupante», advierte un funcionario de carrera. Desde los sindicatos penitenciarios insisten en que, si no se toman medidas urgentes, la situación podría desembocar en incidentes graves en cualquiera de los tres centros.
Pese a todo, el Gobierno vasco defiende su gestión y asegura que se han realizado esfuerzos significativos para albergar a la mayor cantidad posible de internos dentro del sistema autonómico. Sin embargo, los trabajadores de prisiones contradicen esta versión y afirman que el sistema ha sido desbordado hasta límites inaceptables. «Nos han dejado sin recursos y con una carga de trabajo que no podemos asumir», afirma un funcionario con décadas de experiencia en el sistema carcelario.
