El suicidio asistido de María José Carrasco, enferma terminal, con la ayuda de su marido, Ángel Hernández, y la detención y posterior puesta en libertad de éste en Madrid han reabierto el debate sobre la despenalización de la eutanasia, una cuestión que ha quedado paralizada en el Parlamento por el anticipo electoral.
Durante tres décadas con esclerosis múltiple, patología que le fue diagnosticada con 32 años, María José Carrasco había expresado a su marido «muchas veces» su deseo de morir y poner fin al sufrimiento causado por esta enfermedad degenerativa para la que en la actualidad no existe cura.
Ayer fue el día escogido por el matrimonio, que quiso grabar en vídeo el suicidio asistido de María José, quien, además, constata en la cinta su firme decisión de morir, para lo que fue imprescindible la ayuda de su marido, detenido horas después en su domicilio y puesto posteriormente en libertad sin medidas cautelares tras comparecer esta noche ante el juzgado de guardia.
El fiscal decidió no pedir ninguna medida cautelar para el detenido, Ángel Hernández, por lo que el juez lo ha dejado en libertad investigado por un delito de cooperación al suicidio, según las mismas fuentes, que han añadido que durante la comparecencia reconoció haber ayudado a su mujer a morir.
Ángel Hernández tiene la obligación de acudir al juzgado tantas veces cuanto sea requerido en el transcurso de la investigación judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado.
En él se indica además que la magistrada de guardia de detenidos, titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid donde ha prestado declaración, se ha inhibido sobre el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que es el órgano que conoce del procedimiento, dado que es el que se encontraba de guardia de diligencias cuando se conocieron los hechos y el que ha procedido al levantamiento del cadáver.
A la casa, situada en la calle Federico Sainz de Robles, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, acudieron, poco antes de las tres de la tarde, los sanitarios del Summa que confirmaron el fallecimiento y alertaron a la Policía de que el marido le había suministrado una sustancia para provocar la muerte a su mujer.
Además del vídeo, Ángel escribió hace días una carta en la que relataba el sufrimiento de su esposa y anunciaba la decisión de ayudarla a morir.
«Es evidente que el deseo de María José a fin de que se cumpla necesita que se la ayude, por su incapacidad a realizarlo por ella misma, y como es una constante en ella demandar ese auxilio no habrá más remedio que proporcionarle esa ayuda para que su deseo se cumpla», explicó el marido en una carta hecho pública hoy por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).
En la misiva, el hombre detalla los motivos que les han llevado a tomar esta decisión y se dirige a los «negacionistas» de la eutanasia para pedirles que sean conscientes «del dolor que ocasionan a todos aquellos que como María José y su familia sufren por su actitud».
Asimismo, pide a los legisladores que evolucionen hacia posiciones menos contrarias a la eutanasia para evitar que alguien que lo necesite tenga que transitar por los mismos caminos que ellos.
En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de DMD, Javier Velasco, quien ve «injusto que se impute penalmente a este hombre por un «acto de amor, ayuda y respeto a la voluntad de su mujer».
El Código Penal regula en su artículo 143 la inducción al suicidio o la cooperación con el suicidio de otras personas, con un rango de penas que va de los dos a los diez años de prisión, aunque se prevé una rebaja si hay petición expresa de la víctima y ésta padece una enfermedad grave.
DMD espera que este atenuante le sea aplicado a Hernández para evitar su ingreso en prisión, y ha criticado que la detención del marido se produjera «sin un mínimo de delicadeza».
Desde la muerte de Ramón Sampedro hace 21 años, han sido varias las ocasiones en las que el debate de la eutanasia ha saltado a la palestra, como tras la condena en 2016, a dos años de prisión, al joven Ignacio Sánchez Olaso por ayudar a su madre enferma a suicidarse.
Velasco ha instado a los partidos a que en la próxima legislatura despenalicen de forma urgente esta práctica ya que la disolución de las Cortes, consecuencia del adelanto electoral, ha impedido aprobar la primera ley de eutanasia de España, que inició su andadura parlamentaria en junio del pasado año después de que todos los grupos, salvo el PP, respaldaran la propuesta socialista.
La nueva legislatura que se inicia tras las elecciones generales del 28 de abril abre de nuevo la puerta a que España cuente con su primera ley de eutanasia. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió la pasada semana que si gobierna nuevamente regulará la eutanasia para que «la muerte sea tan digna como la vida».
Un anuncio que ha reiterado la ministra de Sanidad, consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, para «evitar sufrimientos tan penosos» con una regulación con todas las garantías y en unas condiciones de dignidad y seguridad jurídica.
Por su parte, Unidas Podemos ha confirmado que registrará una ley «con todas las garantías necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida, así como para los y las profesionales que las asisten», mientras que a juicio de Ciudadanos todos los partidos deben hacer «autocrítica» tras este caso y ha apostado por la necesidad de una regulación.
Desde el PP, lamentan no poder manifestarse al respecto ya que aun no se ha presentado su programa electoral.
