La Dirección General de Tráfico (DGT) ya estudia introducir nuevas restricciones al uso del vehículo privado en las grandes urbes españolas como parte de su estrategia para mejorar la movilidad urbana, reducir la congestión y «hacer frente al cambio climático». Una de las propuestas que se encuentran sobre la mesa consiste en incentivar que al menos dos ocupantes viajen por coche en determinadas zonas metropolitanas, como ocurre en los carriles VAO de otros países europeos, especialmente Francia.
Esta iniciativa aún se encuentra en fase de análisis, aunque la DGT, bajo la dirección de Pere Navarro, está valorando distintos mecanismos para su control. Entre ellos, se baraja la posibilidad de instalar dispositivos o sensores que permitan contabilizar en tiempo real el número de personas que viajan dentro de un vehículo, con el fin de aplicar restricciones o beneficios según se cumpla o no con ese requisito mínimo de ocupación.
Mientras tanto, en las Islas Baleares ya se han empezado a aplicar medidas similares orientadas a limitar el uso del coche particular, especialmente durante los periodos de mayor afluencia turística. En territorios como Formentera o Ibiza, se exige desde hace tiempo el pago de una tasa diaria de un euro a los vehículos no residentes que quieran circular por sus carreteras. Además, existen horarios limitados y controles previos para acceder a ciertas áreas.
Mallorca, por su parte, prepara su propio plan de regulación, aún más ambicioso. La idea es establecer una tarifa que oscilaría entre los 35 y los 150 euros, dependiendo del nivel de emisiones contaminantes de cada vehículo. Esta medida busca restringir la entrada de coches altamente contaminantes durante la temporada alta.
Otro planteamiento que ha generado debate es la propuesta impulsada desde el propio Gobierno balear: limitar a un solo vehículo por vivienda. Esta medida, que no parte de la DGT sino del ejecutivo autonómico, surge ante el incremento imparable de desplazamientos diarios en las islas. El objetivo es descongestionar las infraestructuras viales. No obstante, la norma contemplaría excepciones para personas con movilidad reducida, profesionales de servicios esenciales y residentes permanentes.
