El Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado contratos por valor de casi 50 millones de euros a la constructora Aldesa entre 2021 y 2026, según desvela El Debate. La empresa mantuvo en ese mismo periodo una relación económica con Análisis Relevante SL, sociedad de Julio Martínez, señalado como presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, lo que sitúa el foco en la coincidencia entre esos pagos y el aumento de contratos públicos.
La relación entre Aldesa y el entorno de Zapatero se remonta a octubre de 2021, cuando la constructora comenzó a realizar pagos periódicos a la citada mercantil por supuestos servicios de asesoría estratégica y análisis internacional. Según publicó El Confidencial, el importe total asciende a unos 127.000 euros, distribuidos en 18.150 euros en 2021, 72.600 euros en 2022 y 36.300 euros en 2023.
Fuentes de la investigación apuntan a que Julio Martínez actuaba como intermediario con acceso a entornos de poder político, en un momento de elevada competencia por contratos públicos, especialmente los ligados a fondos europeos y a la reconstrucción tras la DANA. La sociedad contratada no contaba con estructura conocida ni actividad visible en el sector de la construcción.
En paralelo, Aldesa resultó adjudicataria de cinco contratos relevantes procedentes de organismos dependientes de los ministerios de Transportes y Agricultura. El de mayor importe corresponde a la duplicación de la carretera N-340 a su paso por Oropesa (Castellón), adjudicada el 18 de noviembre de 2025 por 23,6 millones de euros.
Le sigue un contrato de 19,2 millones de euros otorgado por ADIF el 9 de diciembre de 2024 para la reconstrucción de infraestructuras ferroviarias dañadas por la DANA entre Cheste y Buñol (Valencia), tramitado por vía de emergencia.
Además, la empresa pública Tragsa concedió dos contratos adicionales: uno de 3,2 millones de euros en febrero de 2026 para actuaciones en Chiva (Valencia) y otro de 2,8 millones en diciembre de 2025 para trabajos en distintas zonas agrarias de la provincia. A ello se suma un contrato menor de 48.393 euros adjudicado en noviembre de 2021 por la Autoridad Portuaria de Huelva.
La coincidencia temporal entre los pagos a la sociedad vinculada al entorno de Zapatero y el incremento de adjudicaciones públicas a Aldesa ha despertado la atención de fuentes del sector. En ese periodo, la constructora consolidó su posición como uno de los operadores más activos en obra pública financiada por el Estado.
El caso vuelve a poner el foco en el uso de intermediarios en la contratación pública y en los procedimientos de adjudicación, especialmente en contextos de emergencia, en un momento en el que crecen las dudas sobre los mecanismos de control en la asignación de grandes contratos financiados con fondos públicos.
