El Clúster del Maestrazgo se ha convertido en el epicentro de una de las mayores controversias energéticas y medioambientales de los últimos años en Aragón. El megaproyecto, impulsado por la empresa Forestalia y respaldado por el Gobierno autonómico presidido por Jorge Azcón (PP), está siendo señalado por su enorme impacto territorial, por presuntas irregularidades administrativas y por una tramitación ambiental que distintos colectivos consideran profundamente cuestionable.
El Clúster del Maestrazgo está concebido como el mayor proyecto eólico de España. Contempla la instalación de 125 aerogeneradores, más de 170 kilómetros de líneas eléctricas de alta tensión y cerca de 174 kilómetros de nuevos viales, todo ello en una de las zonas de mayor valor natural del país, con amplias áreas incluidas en la Red Natura 2000 y en espacios de especial protección ambiental.
Aunque el proyecto ha sido presentado como una pieza clave de la transición energética, su desarrollo ha contado con un respaldo político transversal que ha despertado suspicacias. Forestalia, promotora principal, ha mantenido una estrecha relación con distintos ámbitos institucionales y ha incorporado en los últimos años a expolíticos en su estructura, lo que ha sido señalado como un ejemplo paradigmático de «puertas giratorias».
Uno de los principales focos de polémica se centra en la Declaración de Impacto Ambiental elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Dicho informe dio luz verde a la instalación de decenas de aerogeneradores dentro de espacios protegidos y a la apertura de infraestructuras eléctricas y viarias en zonas catalogadas como sensibles por el propio ministerio. Además, la evaluación ambiental obvió informes técnicos muy negativos emitidos tanto por el Departamento de Medio Natural del Gobierno de Aragón como por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Diversos colectivos y plataformas ciudadanas han denunciado que la evaluación ambiental no fue realizada íntegramente por personal funcionario del MITECO, sino que habría sido externalizada a la empresa pública TRAGSA, lo que, de confirmarse, supondría una irregularidad administrativa de gran gravedad. Estas sospechas se han visto reforzadas por informaciones que apuntan a que varias autorizaciones ambientales vinculadas a proyectos de Forestalia estarían bajo el escrutinio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La polémica ha trascendido el ámbito social y ha llegado al terreno político y judicial. Partidos y organizaciones han reclamado una moratoria inmediata del Clúster del Maestrazgo y la revisión completa de su tramitación, al considerar que el proyecto prioriza los intereses económicos de grandes grupos empresariales y fondos de inversión frente a la conservación del territorio, la biodiversidad y el futuro de las comarcas afectadas.
Desde el Gobierno de Aragón se defiende el proyecto como estratégico para el desarrollo de las energías renovables y el cumplimiento de los objetivos climáticos, aunque las críticas no han cesado. Para sus detractores, el Clúster del Maestrazgo no representa una transición energética justa, sino un modelo depredador que amenaza con transformar de forma irreversible los montes y paisajes del Maestrazgo turolense.
