El Gobierno de Aragón, en manos de Jorge Azcón (PP), reparte fruta de origen africano en los colegios públicos de la comunidad a través de un programa financiado con fondos europeos, una práctica que ha desatado críticas entre familias, agricultores y varios grupos políticos por su impacto económico y por las dudas sobre los estándares sanitarios.
El reparto se realiza con cargo al FEAGA, un instrumento comunitario que desde hace más de una década financia el suministro de fruta en centros escolares con el objetivo de fomentar hábitos alimentarios saludables. El presupuesto ronda los 200.000 euros y, según las normas fijadas por la Comisión Europea, no permite priorizar productos de cercanía ni limitar el origen a países de la UE, al considerarse una restricción contraria a la libre competencia.
En la práctica, esta regulación implica que buena parte de las manzanas y peras que llegan a las aulas proceden de países extracomunitarios como Sudáfrica o Egipto, territorios que no están sometidos a las mismas exigencias fitosanitarias que los productores europeos. Esta circunstancia ha generado un fuerte rechazo social y sectorial en Aragón.
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado ha trasladado su malestar al Ejecutivo autonómico, no sólo por el origen de la fruta, sino también por su estado de conservación. En la misma línea se han pronunciado organizaciones agrarias como UAGA-COAG y colectivos integrados en Aragón hacia la soberanía alimentaria, que reclaman la aplicación de las denominadas «cláusulas espejo» para exigir a las importaciones las mismas condiciones que se imponen a los agricultores europeos y evitar así lo que consideran una competencia desleal.
Desde el Gobierno de Aragón admiten el malestar generado, pero se escudan en la normativa comunitaria. El Ejecutivo autonómico recuerda que este año se ha habilitado, de forma paralela, una partida adicional de fondos propios del departamento de Agricultura para introducir fruta de hueso producida en Aragón en cuatro entregas extra, con el objetivo de apoyar al sector primario local. Con este programa mixto, aseguran, se llega a unos 100.000 alumnos repartidos en cerca de 490 centros educativos.
La portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, María Navarro, ha insistido en que los pliegos del programa escolar europeo prohíben expresamente cualquier criterio que favorezca el producto de proximidad. Como ejemplo, ha recordado que Cataluña fue sancionada en 2018 con 1,2 millones de euros por introducir este tipo de cláusulas, en respuesta a las críticas del PSOE.
