El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido rescindir el contrato firmado con Guardian Defense & Homeland Security, filial en España del fabricante israelí IMI Systems, para la adquisición de 15 millones de balas destinadas a la Guardia Civil. La decisión ha provocado que los socios habituales del Ejecutivo critiquen que el Ministerio del Interior haya eludido inicialmente el veto a empresas israelíes impuesto por la guerra en Gaza.
Guardian Defense & Homeland Security es una empresa sobradamente conocida en el sector público español, especialmente en organismos vinculados a las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia. La compañía se presenta como representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar, ofreciendo productos, formación especializada y servicios de seguridad e inteligencia.
Gracias a su amplia gama de servicios, la empresa israelí ha logrado consolidarse como proveedor habitual de la administración pública. Según los datos de la Plataforma de Contratación, acumula al menos 62 contratos adjudicados por distintos organismos españoles. El contrato más conocido es el recientemente cancelado por Interior, valorado en más de 6 millones de euros para el suministro de munición a la Guardia Civil.
Antes de que La Moncloa ordenara la rescisión unilateral del contrato, el Ministerio del Interior había analizado la situación. Según trasladó, tras «estudiar todas las posibilidades de anulación», en octubre decidió seguir la recomendación de la Abogacía del Estado, que desaconsejaba la rescisión debido al avanzado estado de tramitación del expediente.
