La empresa Servinabar 2000 SL, vinculada al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a través de su propietario Antxón Alonso, modificó su objeto social en febrero de 2020, pasando de dedicarse a la gestión documental y organización de eventos a incluir actividades de construcción y edificación. Este cambio se produjo justo antes de que la compañía fuera adjudicataria de un contrato millonario. Gracias a esta transformación estratégica, ha obtenido más de 10 millones de euros en contratos dentro de un proyecto investigado por la UCO, cuyo presupuesto público supera los 76 millones de euros.
Según documentos del Registro Mercantil, Servinabar fue constituida en octubre de 2015 con un capital inicial de 3.000 euros. En sus inicios, su actividad se centraba en servicios administrativos como archivo, digitalización, realización de encuestas, lectura de contadores, y organización de ferias y congresos. Sin embargo, el 5 de febrero de 2020 modificó su objeto social para incluir «la elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación».
Esta transformación tuvo lugar en un momento crucial, coincidiendo con los primeros pasos del mayor proyecto de obra pública en Navarra en la última década. Meses después, el Gobierno foral adjudicó a Geocontrol SA y PJS Proyectos la redacción del plan para la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz. Además, apenas cuatro meses tras la modificación estatutaria, en junio de 2020, Servinabar participó en la finalización del nuevo Archivo General de Navarra dentro de una UTE junto a otra constructora.
La colaboración entre Servinabar y Acciona parece limitarse exclusivamente a Navarra, sin que hayan formado UTEs en proyectos fuera de esta comunidad, lo que ha incrementado las sospechas sobre posibles tratos de favor. Asimismo, un informe de fiscalización del Gobierno de Navarra, fechado en junio de 2024, ha señalado graves deficiencias en el proyecto de Velate, denunciando que las obras aún no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y salud establecidos por el Real Decreto de 1997.
