La empresaria Vanesa Durán Mesas, quien fundó la sociedad que alquiló el chalet en Cádiz al exministro José Luis Ábalos, también es la responsable de otra compañía que recibió 17,4 millones de euros en contratos del Gobierno durante la pandemia. Ábalos disfrutó de esta vivienda de lujo en la Costa del Sol sin costo alguno durante cinco meses, en su última etapa como ministro. La empresa dueña del inmueble tenía como asesor a Víctor de Aldama, cabecilla de la trama de Koldo y vinculado con Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Los pagos realizados a la segunda empresa se destinaron a la compra de material sanitario, tal y como ha adelantado El Debate.
En enero de 2021, Durán Mesas fundó la sociedad instrumental que alquiló el chalet en Cádiz que Ábalos comenzó a utilizar mientras aún era ministro. Sin embargo, en abril de ese mismo año, cesó en su cargo y fue reemplazada por Leonor María González Pano, quien sigue siendo la administradora y única socia de la empresa. Ábalos, tal como él mismo ha reconocido, solo pagó el primer mes de alquiler, aunque disfrutó del inmueble durante medio año sin pagar nada más. Finalmente, recibió un burofax solicitando que abandonara el chalet por falta de pago.
La compañía Have Got Time SL, que cubrió los 3.000 euros mensuales de alquiler del chalet de Ábalos, fue creada por Vanesa Durán Mesas. Esta misma empresaria también fundó Innjoo Technology SL, que en 2020 obtuvo contratos con Adif, bajo el Ministerio de Transportes, y con instituciones públicas gobernadas por el PSOE, como el Servicio de Salud de las Islas Baleares y el Servicio Canario de Salud. En total, la empresa recibió veinte contratos para el suministro de mascarillas quirúrgicas, gafas y pantallas de protección facial, así como kits de diagnóstico rápido.
El valor de estos contratos varió significativamente, desde 226.899,20 euros hasta 2.457.394,85 euros, sumando un total de 17,4 millones de euros. Gracias a estos contratos, la facturación de Innjoo se disparó, pasando de 1,6 millones de euros en 2018 a 71 millones en 2020. Esta situación llamó la atención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lleva varios meses investigando los contratos públicos adjudicados durante la pandemia a empresas creadas ad hoc, algunas de las cuales comercializaban productos defectuosos.
