La estafa de los llamados «menas-Erasmus» ya no es un fenómeno aislado. Las investigaciones policiales confirman su expansión por toda España, con casos detectados en País Vasco, Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, en lo que las autoridades consideran un fraude de alcance nacional que tensiona los sistemas de protección de menores.
El mecanismo es sencillo y se repite: menores inmigrantes se presentan ante las autoridades con el mensaje «Soy menor no acompañado… Ayuda», activando automáticamente los protocolos de tutela. Sin embargo, muchos de ellos proceden de familias con alto poder adquisitivo, llegan con móviles de última generación, ropa de marca y no encajan con el perfil de desamparo real.
De casos aislados a una trama extendida
Los primeros indicios surgieron en el País Vasco, donde se detectaron abandonos planificados por parte de padres que incluso permanecían en España o regresaban periódicamente para visitar a sus hijos. Uno de los casos más significativos fue el de un docente universitario marroquí que dejó a sus hijos para que fueran tutelados y volvió a su país tras organizar todo el proceso.
Hoy, ese patrón se replica en distintos puntos del país. En Madrid ya hay dos casos confirmados y cinco en investigación, mientras que la Comunidad ha identificado 67 falsos menores en los últimos dos años, algunos denunciados por estafa agravada.
Las pesquisas apuntan a una estrategia clara: familias que utilizan visados legales para entrar en España y simulan el abandono de sus hijos para que accedan a asistencia pública, educación gratuita y, posteriormente, permisos de residencia que faciliten la reagrupación familiar.
Millones de euros en juego
El impacto económico de esta práctica ya es cuantificable. En Cataluña, la operación AME, dirigida por la UCRIF, destapó 124 casos fraudulentos, con un coste de 1,58 millones de euros para la administración. Cada menor supone un gasto medio de 12.741 euros, con costes diarios que alcanzan hasta los 120 euros.
Lejos de ser anecdótico, el fenómeno presenta patrones organizados: menores de entre 15 y 17 años, procedentes principalmente de Marruecos y Argelia, con familias de perfiles como empresarios, profesores o cargos políticos. Muchos llegan en avión, con documentación en regla y una planificación previa.
La operación Suiza identificó otro centenar de casos similares, reforzando la hipótesis de una red estructurada que aprovecha las debilidades del sistema.
Centros convertidos en «internados» encubiertos
Los investigadores advierten de que algunos centros de menores están siendo utilizados como internados encubiertos para familias acomodadas del norte de África. En algunos casos, los padres permanecen en hoteles o apartamentos turísticos en España mientras sus hijos están bajo tutela pública.
También se han detectado conexiones entre territorios, con traslados de menores desde Andalucía hacia el norte del país y vínculos entre casos de Alicante y el País Vasco, lo que refuerza la idea de una operativa coordinada.
Un sistema desbordado y sin reacción política
El crecimiento de los «menas-Erasmus» tiene consecuencias directas: desvía recursos públicos destinados a menores realmente vulnerables y agrava la presión sobre los sistemas de acogida.
Pese a la magnitud del fraude, el Gobierno autonómico catalán, presidido por Salvador Illa, ha descartado abrir auditorías internas sobre los protocolos de tutela, a pesar de los casos detectados.
Las fuerzas de seguridad advierten de que lo descubierto hasta ahora es sólo una parte del problema. La extensión territorial, el perfil económico de las familias implicadas y la repetición del patrón apuntan a un fraude en expansión que pone en cuestión la eficacia de los controles y la capacidad del sistema para proteger a quienes realmente lo necesitan.
