El pasado 3 de julio se cumplieron 40 años de la liquidación de la independencia judicial. Es, en palabras del propio vicepresidente socialista Alfonso Guerra, el entierro de Montesquieu, la muerte de la separación de poderes. En 1985 el PSOE de los 202 escaños aprueba la reforma de la ley del poder judicial —vigente desde 1980— para asaltar la Justicia. A partir de entonces los jueces son nombrados por el poder político al modificar la elección de vocales del CGPJ, donde una parte es elegida por el Congreso y otra por el Senado, lo que equivale al reparto de togas entre los grandes partidos.
Ese mismo año el PSOE también impulsa la ley del aborto. Casi tres millones de niños son legalmente triturados en el vientre de sus madres en estos cuarenta años. A partir de 2010, año en que aprueba la ley Aído, 100.000 anualmente. El PP se rebela y presenta un recurso ante el Constitucional e incluye su derogación en el programa electoral con el que gana las elecciones por mayoría absoluta en noviembre de 2011. Rajoy, sin embargo, falta a su palabra y la norma queda intacta. Luego, cuando el TC entregado a Conde-Pumpido resuelve que el aborto es un derecho, Feijoo celebra la sentencia.
En ambos casos el PP promete revertir la legislación socialista. Tal cosa jamás sucede. Y esto es algo a lo que están acostumbrados en Ferraz. La inercia seguida desde que Felipe González llega a la Moncloa en 1982 consagra dos cosas: los grandes cambios sociales los trae la izquierda y son mantenidos en el tiempo por la derecha, entregada a la economía. Un intercambio de roles que, sin estar escrito en ninguna parte, todos asumen con naturalidad.
Felipe abre la verja
En el plano internacional tampoco hay disenso. La política exterior de Felipe González, al que Feijoo presume haber votado, se caracteriza por la entrega de soberanía. Antes de que España ingrese en la CEE la primera cesión se llama Gibraltar. González toma posesión como presidente el 2 de diciembre de 1982 y su primera decisión importante, apenas doce días después, es abrir la verja. La colonia inglesa, tras década y media aislada y asfixiada económicamente, se convierte enseguida en el paraíso del contrabando y todo tipo de negocios opacos. Años después incluso construye un aeropuerto ganando terreno al mar. El volantazo es radical, pues en los años 60 España había logrado que la ONU votase una resolución para la devolución de Gibraltar. Londres hace oídos sordos, así que Franco cierra la verja e industrializa la zona española, como demuestra la llegada de Acerinox a Algeciras.
España pasa de ejercer presión sobre la última colonia en suelo europeo a darle vida. El PSOE escribe la historia hacia afuera y la reescribe hacia adentro. En 2002 logra que el PP de la mayoría absoluta se una a toda la izquierda y los partidos separatistas para condenar el alzamiento de Franco, en una histórica moción en el Congreso aprobada por unanimidad. Es la semilla de la ley de memoria histórica que entonces nadie ve.
Este consenso también se vislumbra con la aprobación de la ley contra la violencia de género que rompe la presunción de inocencia del varón y la igualdad por sexo ante la ley. Es decir, diferentes penas en función del sexo. Es lo primero que logran los socialistas cuando vuelven al poder tras ocho años de aznarismo. La norma se aprueba por unanimidad y 21 años después sigue en vigor. Victoria feminista.
El TC, al servicio de la causa
Merece la pena detenerse en lo que confiesa Alfonso Guerra. El presidente del Tribunal Constitucional le había reconocido que dicha ley es inconstitucional, pero fue validada por las presiones políticas recibidas. “Hablé con el presidente del tribunal y le dije: la declararéis inconstitucional, ¿verdad? Él me dijo: Hombre, claro, esto es absolutamente inconstitucional. Luego salió la sentencia: constitucional. Me dijo: ¿Tú sabes la presión que teníamos? ¿Cómo podíamos soportar esa presión? A mí me parece absolutamente injusta esa sentencia”.
He aquí algo determinante. El Tribunal Constitucional como garante de normas profundamente ideológicas (viogen, aborto, matrimonio gay…) que transforman España o atentan contra su unidad (amnistía). Cuando el tribunal goza de mayoría conservadora entonces el PP ordena al presidente guardar en un cajón los recursos más espinosos. En cuanto la izquierda domina el órgano, aparece Conde-Pumpido y resuelve de un plumazo para apuntalar los intereses socialistas.
Si tal cosa sucede es por la politización que sufre un tribunal cuyos miembros son nombrados por los dos grandes partidos. La composición actual fue pactada durante la pasada legislatura, mientras que los magistrados del CGPJ fueron parte del pacto suscrito entre Bolaños y González Pons hace un año ante el arbitraje del comisario europeo Reynders. No recordamos una escena que combine con tanto esmero la desvergüenza y la cesión de soberanía desde las abdicaciones de Bayona ante Napoleón.
Claro que enfrente está el PSOE y nunca se puede decir nunca. Santos Cerdán, ahora en prisión, negoció con Puigdemont en Waterloo la amnistía a cambio de la investidura de Sánchez. Cerdán le dice al juez que está siendo perseguido por ser, asegura, el arquitecto de gobiernos progresistas. El arquitecto. Quizá por eso el testigo lo haya recogido Zapatero, artífice del fin de la reconciliación entre españoles, impulsor de los estatutos de segunda generación y del Frente Popular al que incorpora a ETA.
Pacto con la ETA
El pacto con Otegui, por supuesto, no responde a una anomalía en la historia del PSOE. Girauta ha contado en alguna ocasión el motivo que le empujó a abandonar el PSOE en los años 80: los aplausos en la sede del PSC al conocer que ETA había asesinado a Sáenz de Ynestrillas en Madrid.
Nada de esto, por supuesto, recuerdan quienes apelan constantemente al «PSOE bueno», el que nace por segunda vez en 1979, según narran sus trovadores, en el histórico congreso de Suresnes cuando abandona el marxismo. Es el tributo que el PSOE paga para entrar en el sistema y convertirse en el motor de la gran transformación que, de nuevo Guerra, explica la célebre frase de que a España no la va a conocer ni la madre que la parió.
Ese mismo año los socialistas celebran su centenario bajo el lema «100 años de honradez»… y 40 de vacaciones, añade con sorna Santiago Carrillo, en alusión a la inexistente oposición socialista al régimen de Franco. Atrás queda una historia criminal y golpista que la transición blanquea por completo. En 1888 el fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse, declara que la actitud del PSOE con los partidos burgueses, llámense como se llamen, «no puede ni debe ser conciliadora ni benévola, sino de guerra constante y ruda».
Revolución y asesinato de Calvo Sotelo
En 1910 Pablo Iglesias habla en estos términos de la lealtad de su partido al régimen de la Restauración. «Este partido está en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones». Con el advenimiento de la II República, el PSOE protagoniza un proceso de bolchevización que se materializa en su participación en la revolución de octubre de 1934. El Gobierno republicano sofoca la sublevación. El balance oficial: 1.375 muertos y 3.000 heridos.
Ese mismo año, el 4 de julio, Indalecio Prieto desenfunda su pistola en el parlamento y apunta al diputado derechista Jaime Oriol de la Puerta. ABC recoge así el incidente: «El sr. Prieto avanzó desde su escaño, relativamente lejano, sacó una pistola, le amartilló e hizo ademán de disparar contra el sr. Oriol, que estaba caído sobre un escaño. No llegó a disparar; pero se le vio que con el arma agredía al diputado de la CEDA».
Dos años después, en la madrugada del 13 de julio, los escoltas de Prieto asesinan a José Calvo Sotelo, líder moral de la oposición. Es el detonante de la Guerra Civil.
