«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
También están acusados otros dos concejales del PP

La exalcaldesa de Orihuela (Alicante) Mónica Lorente (PP), será juzgada por un presunto fraude en las ayudas al club de fútbol de su localidad

La exalcaldesa popular de Orihuela (Alicante). Europa Press

La exalcaldesa de Orihuela, (Alicante), Mónica Lorente (PP), y dos exconcejales del Partido Popular se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del próximo jueves en un juicio por un presunto fraude en la adjudicación de subvenciones al Orihuela Club de Fútbol por un importe superior a los 800.000 euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El proceso judicial se iniciará a las 9.30 horas en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, y continuará los días 12, 19 y 26 del presente mes, conforme al calendario establecido por el órgano judicial. La causa se centra en la gestión de ayudas municipales concedidas durante las temporadas deportivas 2007-2008 y 2008-2009.

Además de los tres responsables políticos, en la vista oral serán juzgados un técnico y un interventor municipal, así como dos expresidentes y un antiguo secretario del Orihuela CF, todos ellos por presuntas irregularidades en la tramitación, resolución, abono y gasto de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Orihuela al club deportivo.

La Fiscalía sostiene que estas ayudas causaron un perjuicio económico a las arcas públicas cifrado en 824.000 euros. De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, los responsables políticos de la corporación municipal en aquel periodo habrían desplegado una conducta orientada a beneficiar a los dirigentes del club en contra de cualquier finalidad de interés público, vulnerando los principios de legalidad y transparencia que rigen la administración local.

Los hechos investigados se encuadran, según la calificación provisional, en delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Por estos cargos, la Fiscalía solicita inicialmente para cada uno de los acusados una pena de ocho años de prisión, además de las correspondientes inhabilitaciones para el ejercicio de cargo público.

El TSJCV ha precisado que el juicio contará con la comparecencia de testigos y peritos que participaron en los expedientes de concesión de las subvenciones, así como con la aportación de documentación administrativa y contable destinada a esclarecer el recorrido de los fondos municipales y su aplicación final por parte del club beneficiario.

La vista oral se desarrollará en sesiones consecutivas a lo largo del mes, con el objetivo de abordar de manera integral las responsabilidades penales y administrativas derivadas del caso. La resolución que emita la Audiencia Provincial de Alicante podrá ser recurrida ante instancias superiores conforme a la normativa procesal vigente.

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