La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha admitido este viernes que hay «problemas» para garantizar los pagos a las ONG que gestionan los centros de menas en las islas en el último trimestre del año hasta el punto de que algunos están en riesgo de cierre.
En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en comisión parlamentaria ha cargado contra el «abandono» del Gobierno central, que no ha aportado «ni un euro» para la acogida cuando la factura alcanza ya los 165 millones de euros.
Barreto ha criticado también que el Gobierno haya exigido a los partidos en el Congreso de los Diputados el voto previo para convalidar un decreto ley pues «no lo ha hecho para ningún otro».
«No importaría perder votaciones o someterse si se pierden, pero para modificar la ley de extranjería y tratar con dignidad a los menores, sí», ha denunciado.
La consejera ha insistido en que hay una «gran diferencia» entre el «apoyo» que ofrece el PSOE y el del Gobierno central pues el Ejecutivo, tras anunciar una partida de 50 millones para Canarias, lo único que ha hecho es aprobar 30 millones y a «repartir» entre todas las comunidades autónomas.
Sobre las críticas del PSOE a la falta de agilidad en las pruebas forenses para la determinación de la edad de los inmigrantes ilegales ha dicho que el Gobierno canario solo actúa como «ente instrumental» y a petición de la Fiscalía.
«Nos solicitan que hagamos las pruebas, bien a Sanidad, bien a nosotros, se hacen y se emite el informe forense», ha destacado, subrayando que es competencia del Gobierno de España determinar «quiénes son o no son menores», no es el Gobierno de Canarias.
«Tanto es así que el año pasado, cuando se produjo un colapso a finales de año, es la propia Fiscalía, porque es su competencia, la que solicita al Gobierno de España apoyo para poder desatascar la identificación de las pruebas», ha apuntado.