El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, pagó a su proveedor de confianza en pandemia con fondos europeos, según ha desvelado la Fiscalía Anticorrupción y ha adelantado el diario Vozpópuli. Durante su etapa al frente del Ministerio de Sanidad en el Gobierno de Pedro Sánchez, Illa adjudicó contratos millonarios a una empresa sin experiencia en el sector sanitario, que terminó siendo financiada con recursos de la Unión Europea, tal como consta en la documentación del caso Koldo.
La investigación, en manos de la Audiencia Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía Europea, se centra en los contratos otorgados por el Ministerio de Sanidad a las firmas FCS Select Products S.L. y Weihai Textile Group en marzo de 2020, en plena emergencia sanitaria.
Uno de los aspectos más llamativos del caso es el crecimiento repentino de FCS Select Products, empresa administrada por Mayra Dagá Castillo, condenada en el pasado por estafa agravada. Antes de la pandemia apenas facturaba 1 millón de euros anuales; tras ser elegida por Illa, su facturación ascendió a más de 263 millones sólo en 2020, gracias a cuatro contratos de suministro de mascarillas, guantes y gafas de protección adjudicados el 23 de marzo de ese año.
Además de la falta de trayectoria de la empresa, la denuncia interpuesta también apuntó a una posible vinculación personal entre los gestores de FCS y el propio Illa, con el municipio catalán de La Roca del Vallés como posible nexo. A esto se sumó otro detalle inquietante: Sanidad adelantó los pagos a esta firma sin esperar a recibir el material, a diferencia de lo que ocurrió en otros ministerios, como Transportes, donde los pagos quedaron bloqueados hasta comprobar la llegada de la mercancía.
Por si fuera poco, el coste del material adjudicado también genera serias dudas. Weihai Textile, por ejemplo, cobró más de 10 millones por medio millón de batas desechables, a un precio unitario de 16,7 euros, muy por encima de las tarifas de mercado. En esos mismos días, otras empresas como Medline o Suministros Hospitalarios ofrecían el mismo producto por menos de 0,35 euros por unidad.
En un informe fechado el 11 de julio de 2022, la Fiscalía Anticorrupción trasladó a su homóloga europea la información que confirmaba que ambas adjudicaciones se financiaron con fondos procedentes de la UE, una circunstancia que disparó las alarmas en Bruselas. La Fiscalía Europea se interesó especialmente por esos expedientes, así como por los contratos firmados por las comunidades autónomas de Baleares y Canarias con la empresa Soluciones de Gestión, también bajo la lupa del caso Koldo.
Estos gobiernos, entonces dirigidos por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres respectivamente, utilizaron también recursos europeos para pagar más de 10 millones de euros a esa compañía, vinculada directamente a la red investigada por corrupción durante la crisis del covid-19.
La implicación de Illa en este contexto de contrataciones sospechosas refuerza la tesis de una trama más amplia, en la que se habrían adjudicado contratos millonarios sin control, con posibles favoritismos y beneficios desorbitados para empresas afines. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Fiscalía Europea continúan analizando la documentación, incluidos los contratos y movimientos financieros, con el foco puesto en las decisiones tomadas desde los ministerios en los momentos más críticos de la pandemia.
