La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado su investigación contra el «Capobus» de la asociación Hazte Oír, al no apreciar indicios de delito tras analizar los hechos denunciados.
El procedimiento fue abierto tras una denuncia presentada por el grupo municipal socialista ante el Ayuntamiento de Madrid. Los socialistas apuntaban a una posible infracción tanto de la normativa municipal sobre publicidad y ruidos como de un presunto delito de incitación al odio, debido al mensaje expuesto en el vehículo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Sin embargo, tras la intervención de la comisaría de gestión de la diversidad de la Policía Municipal de Madrid, los investigadores descartaron que el contenido del autobús pudiera constituir una conducta penal. Según el informe policial, no se acreditaba que hubiera animadversión basada en características personales protegidas legalmente, ya que ejercer como presidente del Gobierno no es una condición sujeta a protección especial en el marco penal por motivos de odio o discriminación.
El vehículo, decorado con una gran imagen del jefe del Ejecutivo junto a la palabra “corrupto” y una llamada explícita a su dimisión, ha estado circulando durante meses por las calles madrileñas. Aunque fue objeto de varias propuestas de sanción por parte de agentes locales, esas actuaciones están ahora bajo la lupa judicial.
De hecho, el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, mantiene imputado al jefe de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, por la gestión que se hizo desde su cuerpo ante la presencia del autobús. Rodríguez está siendo investigado por el tratamiento que dispensaron sus agentes, que actuaron a raíz de la denuncia promovida por el PSOE.
Fuentes jurídicas consultadas señalan que el juzgado está pendiente de decidir si continúa adelante con la causa, valorando la posibilidad de citar a los asesores legales vinculados al equipo de Reyes Maroto como testigos. Antes de adoptar una resolución definitiva, el juez ha solicitado al Ministerio Público que exprese su criterio sobre si debe proseguir el procedimiento o cerrarlo definitivamente.
