Un total de 37 alcaldes catalanes han sido citados a declarar los próximos días ante la Fiscalía para ser interrogados como investigados por facilitar locales para el referéndum del próximo 1 de octubre, pese a haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
Según informa en su página web la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), los alcaldes han sido citados a declarar entre este martes y el próximo lunes en las fiscalías territoriales de Tarragona, Lérida, Gerona y Barcelona y, en el caso de los diputados del Parlament aforados, en la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña.
La citación de estos alcaldes se suma la que este lunes ha recibido el alcalde de Amposta (Tarragona) y diputado en el Congreso de Democràcia i Llibertat (DIL), a quien la Fiscalía del Tribunal Supremo ha emplazado a comparecer voluntariamente la próxima semana, dada su condición de aforado de Las Cortes.
El primer alcalde citado a declarar es Miquel Sala (PDeCAT), de Oliana (Lleida), que ha sido convocado a las 10:00 horas de este martes ante la Fiscalía de La Seu d’Urgell (Lérida), tras lo que le seguirá el alcalde de Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet (PDeCAT).
Para las 12:00h del mediodía del martes ha sido citado el alcalde de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona, que por su condición de aforado prestará declaración ante la Fiscalía Superior de Cataluña, con sede en Barcelona.
Además, entre los próximos días 20 y 25 de octubre, han sido llamados a declarar otros 34 alcaldes de toda Cataluña, en las fiscalías territoriales o provinciales.
Por su condición de aforados como diputado del Parlament, declararán ante la Fiscalía Superior de Cataluña el alcalde de Valls (Tarragona), Albert Batet (el 20 de septiembre), y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, a la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga también por promover el 1-O desde la presidencia de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).
Las citaciones de los alcaldes derivan de la instrucción que dictó la semana pasada el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se citara como investigados a los alcaldes que firmaron decretos para ceder locales para el 1-O, con la advertencia de que si no comparecen serán detenidos.
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