La Fiscalía Superior del País Vasco, liderada por Carmen Adán, ha puesto el foco en el aumento de los delitos cometidos por menas en el País Vasco, especialmente en los relacionados con la libertad sexual. Durante 2023 se registraron 56 violaciones perpetradas por adolescentes menores de 18 años, una cifra que supone un aumento del 93% respecto al año anterior. A estos datos se suman 24 casos de abusos sexuales y un incremento del 40% en las denuncias relacionadas con este tipo de delitos en menores en tan solo un año.
Adán expuso estos datos en el Parlamento vasco durante la presentación de la última memoria de actividad del Ministerio Público, destacando la necesidad de un análisis profundo para comprender y abordar la creciente criminalidad en el País Vasco. Según señaló, los delitos cometidos por jóvenes inmigrantes son cada vez más graves y preocupan especialmente las infracciones contra el patrimonio, las lesiones, los hurtos, los robos con fuerza y las conducciones temerarias, aunque los delitos sexuales son los que más inquietud generan.
En su intervención, la fiscal también abordó los incidentes registrados en centros de menores tutelados por las diputaciones vascas. Según la memoria, 12 de las 48 denuncias de agresiones sexuales en estas instituciones involucraron a jóvenes tutelados, con algunos casos ocurridos dentro de los propios centros. Aunque Adán destacó la diligencia de las diputaciones en denunciar y proteger a las víctimas, sugirió la revisión de los modelos actuales de estos espacios para prevenir futuras agresiones.
La convivencia mixta en estos centros fue uno de los puntos más polémicos. Actualmente, la Diputación de Vizcaya gestiona 58 centros, de los cuales 40 son mixtos y albergan a más de 900 menores en diferentes servicios: desde la red básica para niños retirados de sus familias, hasta residencias para menores extranjeros no acompañados (menas), adolescentes con problemas de conducta y personas con discapacidades severas. Aunque en los centros para menas ya existe una separación por sexos, no es una norma generalizada, ya que rara vez llegan chicas no acompañadas.
Adán subrayó que en una sociedad «muy sexualizada» y considerando los problemas de afectividad y la explosión hormonal de los adolescentes tutelados, podría ser «interesante reconsiderar los modelos de convivencia». A pesar de que la Diputación de Bizkaia defendió su sistema basado en criterios técnicos y socioeducativos, el Departamento de Acción Social se comprometió a «analizar la viabilidad de separar a chicos y chicas» en estos centros.
