La causa, que una veintena de presuntos afectados por este espionaje también ha pedido que se reabra, se activó a raíz de la documentación que se intervino a los Mossos d’Esquadra el 26 de octubre de 2017, cuando la iban a incinerar la víspera de que el Parlament aprobase la DUI.
La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que ordene la reapertura de la causa sobre el supuesto espionaje por parte de los Mossos d’Esquadra, que un juez ha archivado al concluir que la policía no actuó con motivaciones políticas en sus seguimientos a dirigentes constitucionalistas.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, el ministerio público ha recurrido directamente ante la Audiencia de Barcelona el sobreseimiento del caso acordado por el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, que no apreció que los Mossos incurrieran en espionaje político.
La causa, que una veintena de presuntos afectados por este espionaje también ha pedido que se reabra, se activó a raíz de la documentación que se intervino a los Mossos d’Esquadra el 26 de octubre de 2017, cuando la iban a incinerar la víspera de que el Parlament aprobase la declaración unilateral de independencia.
El juez archivó la causa al considerar que los Mossos d’Esquadra no incurrieron en «desviación de poder» y buscaron información «esencial en toda policía», por lo que rechazó que cometieran espionaje político.
Según el magistrado, no consta que los datos obtenidos por los Mossos hayan sido usados «para algún fin político», ya que su objetivo no era de espionaje, sino obtener «el máximo de información, esencial en toda policía» sobre la actuación de personas que por su «significación sociopolítica» pudieran «en un momento especialmente vulnerable» convertirse en autores o víctimas de incidentes de orden público, en pleno proceso independentista.
Por el contrario, un grupo de afectados por el supuesto espionaje ha pedido, en este caso al juez y no a la Audiencia, que reabra la causa al considerar que la policía catalana se «extralimitó» en sus funciones por «fines políticos» y que no investigarlo daría «carta blanca» a repetir los seguimientos a los constitucionalistas.
Representados por el abogado José María Fuster-Fabra, los afectados, entre ellos el exlíder de Sociedad Civil Catalana José Ramon Bosch y el periodista Albert Castillón, consideran que se produjo una «violación» de sus derechos, afectando a su vida privada, libertad e intimidad «sin que exista ningún fin legítimo que justifique dicha intromisión».
Según el recurso de los afectados, si se mantiene el archivo acordado por el juez, ello supondría «dar carta blanca, carta de naturaleza, a que en el futuro pudieran realizarse situaciones similares sobre todo tipo de personas, especialmente en Cataluña sobre todos aquellos que desde diferentes ámbitos, el político, el jurídico y el periodístico, defienden el orden constitucional».
