La red de maniobras de Leire Díez, conocida como la «fontanera» del PSOE, empieza a ser formalmente investigada por la Justicia. Al menos cuatro juzgados madrileños suman ya denuncias contra esta exmilitante socialista por sus supuestos intentos de torpedear las causas de corrupción que cercan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Uno de ellos, el Juzgado de Instrucción número 2, ya ha incoado diligencias para investigarla por un posible delito de tráfico de influencias.
Así lo confirman fuentes jurídicas a La Razón, que detallan que este procedimiento se origina en la denuncia presentada por la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). A esa causa se suman escritos muy similares en otros tres juzgados madrileños: el número 9, por la denuncia de Hazte Oír; el número 26, por la de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC); y el número 44, por la denuncia de Iustitia Europa. Ninguno de estos tres últimos ha decidido todavía sobre la admisión.
A estos frentes hay que añadir las dos denuncias provenientes de Badajoz por los mismos hechos: una de Hazte Oír, que también dirigía sus acusaciones al exjuez Luis Sáenz de Tejada, y otra de Manos Limpias. Ambas fueron inicialmente asumidas por los juzgados número 2 y 4 de Badajoz, pero han sido remitidas a Madrid por entender que la capital es competente para investigarlas.
En el caso de la denuncia de Manos Limpias, el propio Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz ya había admitido a trámite la querella la semana pasada, abriendo diligencias contra Díez y Sáenz de Tejada. Su titular, Marta Hernández, llegó incluso a ofrecer a la juez Beatriz Biedma —instructora del caso contra el hermano de Pedro Sánchez— la posibilidad de personarse como perjudicada, al ser ella la agraviada en el presunto delito de revelación de secretos atribuido a los «fontaneros».
Las distintas denuncias y querellas en Madrid y Badajoz apuntan a una larga lista de posibles delitos: cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la Justicia, encubrimiento, organización criminal, revelación de secretos y fraude procesal. Se prevé que todas las actuaciones terminen acumulándose en una única causa, al tratarse de los mismos hechos: las maniobras de Díez para frenar investigaciones judiciales que afectan al entorno de Sánchez y obtener información comprometedora sobre los jefes de la UCO para desacreditar sus pesquisas.
El caso parte de una presunta campaña dirigida desde Ferraz para apartar a la juez Biedma de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente, por la plaza que obtuvo en la Diputación de Badajoz. Según las denuncias, Leire Díez contactó con fiscales y jueces en Extremadura para reunir información y favorecer la estrategia del PSOE. Paralelamente, se produjo la irrupción de Sáenz de Tejada, exjuez expulsado por maltrato psicológico, quien intentó forzar la recusación de Biedma sin éxito.
Las grabaciones publicadas por Libertad Digital desvelan la coordinación entre Díez y Sáenz de Tejada. En uno de los audios, este admitía tener «perlas gráficas de jueces, políticos… con vídeos y fotos» para ejecutar la campaña de desprestigio. En otro, describía que había suficiente material «para sacarlo por las alcantarillas» contra quienes investigaban al entorno del PSOE.
Las maniobras no se limitaron al caso Badajoz. Las denuncias también señalan presuntas actuaciones de espionaje contra el juez Juan Carlos Peinado (que investiga a Begoña Gómez), el fiscal Anticorrupción José Grinda (que investiga al empresario Javier Pérez Dolset) y el coronel de la UCO Antonio Balas, al que Díez llegó a señalar como objetivo directo: «Si Balas está muerto, mejor», en referencia a apartarle para que perdiera el control de las investigaciones.
Según las acusaciones, los denunciados llegaron incluso a ofrecer beneficios judiciales y laborales a investigados del caso Koldo para obtener información contra Víctor de Aldama y otros responsables señalados por las tramas del PSOE. Leire Díez, por su parte, siempre ha alegado que sus actividades formaban parte de un supuesto trabajo periodístico de investigación.
Por ahora, las actuaciones se reparten entre varios juzgados, a la espera de que se acumulen y de que la Fiscalía Anticorrupción emita su informe sobre la pertinencia de abrir formalmente todas las diligencias. Mientras tanto, la «fontanera» de Sánchez ya está oficialmente en el punto de mira de los tribunales.
