Un enfermero pediátrico sevillano de 34 años, Javier Gutiérrez, ha decidido abandonar su trabajo en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona tras diez años de servicio, seis de ellos como interino. «No tengo fuerzas para seguir intentándolo. Es frustrante que te hagan sentir inferior a los sanitarios catalanoparlantes», afirma. Este profesional, totalmente integrado en Cataluña, donde vive con su pareja también sanitaria, es uno de los 212 trabajadores sanitarios que han perdido la oportunidad de obtener una plaza fija por no acreditar el nivel de catalán exigido por el Instituto Catalán de la Salud (ICS).
La situación surge de un proceso de estabilización promovido por la Ley 20/2021, que busca reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Para cumplir con esta norma, el ICS ofertó 12.000 plazas fijas mediante concurso-oposición. Sin embargo, dos centenares de profesionales, con años e incluso décadas de experiencia como interinos, quedaron excluidos al no superar las pruebas de catalán requeridas, que varían entre los niveles B2 y C1 según la categoría profesional.
Javier, por ejemplo, fue declarado «no apto» por tercera vez en este examen, donde tuvo que escribir un artículo de opinión sobre un tema no relacionado con la sanidad y responder preguntas gramaticales complejas. «Era una prueba para periodistas, no para enfermeros», critica, reclamando un enfoque más flexible que permita acreditar el conocimiento del idioma de manera progresiva y sin utilizarlo como un criterio eliminatorio.
La polémica creció cuando el ICS, tras publicar los resultados iniciales el 24 de noviembre, declaró erróneamente como aprobados a estos 212 sanitarios. Pocos días después, tras un aviso del sindicato UGT, corrigieron el listado eliminando a los candidatos que no habían superado las pruebas de catalán. «Se ha cometido un error, y estas personas no deberían figurar en los listados», destacó UGT en una circular. Esta confusión generó una sensación de inseguridad y descontento entre los afectados.
Aunque el ICS asegura que estos profesionales pueden continuar como interinos o sustitutos, la falta de estabilidad laboral resulta desalentadora para muchos. Sandra Morales, una administrativa de 52 años con 18 años de experiencia en el ICS, expresa su preocupación: «Después de tantos años trabajando, ahora siento que estoy en el aire».
Para Javier, el impacto de estas políticas es claro: «Cataluña está perdiendo profesionales valiosos y motivados que regresan a sus comunidades de origen, donde no se enfrentan a barreras lingüísticas». En su caso, se planea volver a Andalucía en mayo para intentar conseguir una plaza fija en el sistema sanitario andaluz. «Consiguen que la gente se harte y se marche», concluye, lamentando las trabas que han puesto fin a una etapa profesional que, hasta ahora, consideraba enriquecedora.
Esta situación evidencia las tensiones entre la experiencia profesional y los requisitos lingüísticos, dejando a numerosos sanitarios con un futuro incierto y a Cataluña enfrentándose a la posible pérdida de trabajadores cualificados.
