El Gobierno separatista de Pere Aragonès quiere que la Agencia Tributaria de Cataluña asuma los medios humanos y técnicos de la delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la región, casi 300 inspectores y unos 4.000 empleados, para gestionar el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad, un compromiso incluido en el acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.
La Agencia Tributaria de Cataluña sólo tiene siete inspectores y 18 subinspectores de un total de 816 empleados, según recoge Vozpópuli, por lo que cuenta con una estructura insuficiente para cumplir el pacto entre los socialistas y la formación del prófugo Carles Puigdemont.
La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ya alertó de que la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña «no tiene amparo constitucional», rompería el sistema actual de financiación y generaría desigualdad entre las comunidades autónomas, creando regiones «de primera y de segunda».
«Ponemos manifiesto nuestra oposición porque no tienen encaje y además nosotros nos veríamos directamente afectados», denunció Ana de la Herrán. Así, recalcó que la posición de rechazo de los Inspectores de Hacienda «no es política», sino «absolutamente técnica», poniendo de manifiesto que afecta a la Administración General del Estado.
Según los Inspectores, de llegarse a producir esta cesión total de impuestos ello implicaría la desaparición de la Administración General del Estado en Cataluña, provocando una Agencia Tributaria que quedaría fraccionada. «Rompe los principios en los que está basado el sistema financiación, el principio de solidaridad», advirtió.
