El líder del PSC, Miquel Iceta, se ha mostrado abierto a que, una vez acabe la instrucción y hasta que se celebre el juicio, se pueda decretar la «libertad» para los golpistas presos.
La Generalitat catalana potenciará su delegación en Bruselas, la única que ha permanecido abierta durante la crisis política, para impulsar su presencia en la Unión Europea (UE), y reabrirá «en dos o tres semanas» las de Washington, Londres, Roma, Berlín y Ginebra, según ha señalado el consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall.
En su primera visita a la capital europea, cuya oficina permaneció abierta tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha indicado que en una segunda fase, reabrirán las oficinas de París, Lisboa y otras en los países nórdicos.
Maragall ha iniciado en Bruselas su gira como consejero de Exterior del gobierno autónomo catalán, donde se ha reunido con los exconsejeros golpistas Antoni Comín y Meritxell Serret y ha anunciado cuáles son los planes del gobierno presidido por el hispanófobo Quim Torra en cuanto a la acción exterior. En este sentido, ha dicho que en los próximos días se conocerá quién dirigirá la oficina en Bruselas, a la que la Generalitat quiere dar prioridad en su red exterior con más «presencia y responsabilidad», y que a su juicio «ha sido maltratada, por no decir vejada en los últimos meses».
«Vamos a iniciar inmediatamente la recuperación de las delegaciones que han sido clausuradas en aplicación injusta y en nuestra opinión ilegal e inaceptable del artículo 155», ha dicho, a la vez que ha señalado que este proceso se hará en tres fases y se llevará hasta finales de año. La última será de «consolidación» y de «expansión», y ahí se espera abrir otras de las denominadas «embajadas» en las áreas del Magreb, Oriente Medio y América Latina.
Asimismo, Maragall ha señalado que la Generalitat activará una «red de corresponsales específicos» y de «profesionalización» en base a «un concurso de méritos», y dijo que confía en articular una relación más estrecha con las instituciones europeas. «Debemos expresar un mínimo de esperanza y expectación respecto a la intención del Gobierno español, pero estoy convencido de que en un periodo corto será posible y necesario que las instituciones europeas adopten criterios explícitos, no a favor de nuestra causa, pero para que se nos respete y se establezcan condiciones para el diálogo», ha añadido.
Con el respaldo del Gobierno de Sánchez
Todo este proceso de recuperación de la internacionalización del procés cuenta con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha manifestado en palabras de su ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, que «no se puede prohibir» que Cataluña tenga embajadas. «Se habrá que ver cuáles son sus actividades y si vuelven a lo mismo, seremos consecuentes», ha apostillado.
Asegura que «constitucionalmente hablando no hay objeción» a que las comunidades autónomas abran oficinas de representación exterior y que «era de esperar» que una vez levantado el 155, el Gobierno catalán volviera a ponerlas en marcha, por lo que habrá que estudiar «cuál es la línea que separa la actividad jurídicamente reprobable de la que no lo es».
El Ejecutivo, que ha levantado el control de las cuentas de la Generalitat, se ha mostrado a favor además del acercamiento de los presos golpistas a Cataluña. Así, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha dicho estar a favor, aunque ha destacado que esta posibilidad no está en manos del Ejecutivo sino del juez instructor ya que no hay condena firme, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que si el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidiera trasladar a las cárceles catalanas a los exmiembros del Gobierno de la Generalitat encarcelados en prisiones de Madrid, «se podría y se debería» evaluar.
El líder del PSC, Miquel Iceta, ha ido más allá se ha mostrado abierto a que, una vez acabe la instrucción y hasta que se celebre el juicio, se pueda «decretar libertad condicional» para los golpistas presos. «¿Por qué no, acabada la instrucción y hasta el juicio, no se puede decretar una libertad condicional? ¿Por qué no? Es una posibilidad que han de pedir las personas afectadas y los jueces han de valorar, la decisión final será suya», ha dicho.
Iceta ha recibido la respuesta del portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, que ha manifestado que en todo caso sería la «libertad provisional» porque todavía no han sido condenados.
Desde la formación naranja señalan que todas estas medidas demuestran «las hipotecas y condiciones de los partidos separatistas» puestas al PSOE para recibir su apoyo en la moción de censura, y que, en su opinión, pasan por «dar privilegios a aquellos que se saltaron la ley». Según Lorena Roldán, diputada de Ciudadanos en el Parlament, «el Gobierno de Pedro Sánchez está más pendiente de cumplir este pacto que de otra cosa», algo que considera «lamentable».
