La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acumulado una vasta cantidad de documentos digitales incautados a los sospechosos involucrados en el caso conocido como «Koldo», un escándalo de corrupción que ha puesto en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez. Según el último informe de los investigadores, la UCO custodia actualmente más de 170 dispositivos digitales, entre los que se encuentran teléfonos móviles, ordenadores, tablets y tarjetas de memoria. Este material forma parte de una trama que abarca sobornos, comisiones ilegales, adjudicaciones públicas irregulares y el polémico pago del alquiler de una mujer con la que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría mantenido una «relación personal». «A día de hoy, más de 170 dispositivos digitales están bajo custodia en dependencias de esta unidad», detalla el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO.
La mayoría de estos dispositivos fueron incautados durante la denominada Operación Delorme, llevada a cabo el 22 de febrero. En dicha operación, 14 personas fueron detenidas y otras diez quedaron bajo investigación, entre ellas Koldo García, principal asesor de Ábalos y el hombre que da nombre al caso, y Víctor de Aldama, un empresario clave en la trama, actualmente en prisión preventiva por su implicación en otra estafa relacionada con hidrocarburos. Aunque han pasado casi ocho meses desde que se requisó este material, las autoridades aún no han podido analizar toda la documentación, lo que ha generado inquietud entre algunas de las partes acusadoras. A raíz de esto, solicitaron al juez del caso que informara sobre el estado actual de las pesquisas. El magistrado a cargo, del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, accedió a dicha solicitud a principios de mes.
Uno de los personajes menores involucrados en el caso es el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, a quien se acusa de haber recibido pagos a cambio de facilitar protección a la trama, con el objetivo de dificultar las investigaciones, principalmente las relacionadas con el empresario Víctor de Aldama. La semana pasada, se hicieron públicos los resultados de las escuchas telefónicas que implican directamente a Villalba en estas actividades ilícitas.
El análisis de los documentos incautados ha permitido a la Guardia Civil redactar un extenso informe de 233 páginas, presentado el jueves pasado, que podría llevar a la imputación del exministro José Luis Ábalos. El informe también menciona a otras figuras políticas de alto perfil, como la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, quien mantuvo contactos con algunos de los investigados durante su etapa como presidenta del Gobierno balear, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias. Además, el actual presidente de la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa, también aparece vinculado en el sumario.
Entre las acusaciones más graves se encuentra la compra, supuestamente en forma de soborno, de una lujosa vivienda en Cádiz para José Luis Ábalos, valorada en más de 500.000 euros. El informe revela que la trama también pagó el alquiler de un exclusivo apartamento en Madrid para una joven estudiante de odontología llamada Jessica, quien, según Ábalos, era su pareja. Esta misma mujer consiguió un puesto en el Ministerio de Transporte, y más tarde, en un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Además, el informe detalla la entrega de grandes sumas de dinero en efectivo a Koldo García, estrecho colaborador del exministro.
