Una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa el origen de una presunta red de corrupción en dependencias próximas al despacho del delegado del Gobierno en Andalucía. Según publica el diario El Mundo, el exjefe de gabinete Rafael Pineda, que desempeñó ese cargo durante distintas etapas en la Delegación del Gobierno, habría utilizado su posición institucional para impulsar operaciones urbanísticas y gestiones administrativas presuntamente irregulares en beneficio propio y de su entorno.
El documento policial sostiene que Pineda fue detenido en febrero junto a otras cuatro personas en el marco de una investigación que analiza supuestos delitos relacionados con tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Los investigadores consideran que el exresponsable habría actuado como “conseguidor” dentro de una estructura informal que operaba desde su entorno profesional y que facilitaba contactos y trámites a cambio de contraprestaciones.
Entre las operaciones bajo sospecha destaca la compra y posterior venta de una parcela municipal en el barrio sevillano de Pino Montano. Según la investigación, el terreno fue adjudicado inicialmente en régimen de alquiler a una empresa vinculada a la esposa de Pineda, Olga Pérez, a la que los agentes atribuyen el papel de presunto testaferro en algunas operaciones. Posteriormente, la misma sociedad habría adquirido el suelo en un concurso público por 1,77 millones de euros, tras una tasación que la UCO considera inferior al valor de mercado.
Apenas cuatro meses después, la parcela fue vendida a otra mercantil por 3,95 millones de euros, lo que habría generado un beneficio superior a 2,17 millones de euros repartido entre los miembros de la presunta trama. Los investigadores sostienen que la operación pudo verse favorecida por información privilegiada facilitada por un directivo de la empresa municipal de vivienda de Sevilla (Emvisesa), también investigado.
El atestado también recoge indicios de supuestas presiones al alcalde de la localidad sevillana de Gines para facilitar licencias administrativas a un empresario vinculado a la investigación. En conversaciones intervenidas, los agentes detectaron referencias a posibles gestiones relacionadas con trámites de regularización de inmigrantes, aunque estos extremos continúan bajo análisis judicial.
La causa permanece abierta mientras la autoridad judicial continúa evaluando los indicios recabados por la Guardia Civil.
