El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha confirmado la detención de siete individuos y la realización de diez registros en la segunda fase de la investigación del caso ‘Mascarillas’, iniciada en 2021 por la presunta compra fraudulenta de material sanitario, entre los que se encuentran el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), el delegado del Área de Presidencia y vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.
Esta segunda fase de la operación abarcaría varios contratos públicos relacionados con la Diputación de Almería que habrían sido adjudicados a determinadas empresas, según los indicios, para cobrar comisiones, según ha informado el órgano instructor a través del TSJA.
La nueva operación se ha desarrollado este martes con el registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.
Según el auto que ha autorizado los registros y ha facultado a la UCO a llevar a cabo las detenciones que considere necesarias, «en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales».
La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros».
Algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines, cuyo alcalde es tío del principal investigado en la primera fase de la operación: el exvicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento Óscar Liria.
Algunos de los implicados ahora detenidos no habrían tenido participación en la adjudicación presuntamente fraudulenta de los contratos, pero sí «en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales».
