La Fiscalía Provincial de Madrid decidió el pasado 4 de noviembre que no procedía autorizar el registro de la sede del PSOE en relación con las entregas de dinero en efectivo vinculadas a Koldo García y al exministro José Luis Ábalos. La respuesta del Ministerio Público se produjo tras una denuncia de VOX, aunque consideró que no existían indicios sólidos ni apoyo policial suficiente para adoptar una medida tan intrusiva. La petición se originó en los juzgados de Plaza de Castilla y acabó trasladada a la Audiencia Nacional, el órgano encargado de investigar los hechos relacionados con esta trama.
La formación liderada por el presidente Santiago Abascal argumentó en su escrito que resultaba imprescindible activar medidas cautelares para preservar documentación relevante. Después del reparto judicial, la causa pasó del Juzgado de Instrucción número 37 al número 51, que estaba en funciones de guardia. Antes de resolver, este último remitió el asunto a la Fiscalía. El Ministerio Público rechazó de forma tajante la solicitud y recordó que ya existían diligencias abiertas en la Audiencia Nacional por el mismo asunto.
El fiscal señaló en su respuesta, recogida en la documentación a la que ha accedido La Razón, que no era posible deducir con criterio razonado que en el interior de Ferraz pudieran encontrarse aún rastros de esas supuestas entregas en metálico. Subrayó además que la solicitud no detallaba personas concretas, cantidades ni procedimientos. Recordó también que la inviolabilidad del domicilio, reconocida en el artículo 18.2 de la Constitución, sólo puede limitarse cuando concurren requisitos estrictos, requisitos que —aseguró— no se daban en este caso.
A juicio del Ministerio Público, la denuncia contiene información genérica que no satisface los criterios de proporcionalidad ni el conjunto de indicios objetivos necesarios para atribuir un delito a personas identificadas. Por ello, consideró injustificable la medida cautelar solicitada.
Junto al registro de Ferraz, VOX también reclamó acceder a los domicilios de Mariano Moreno Pavón y Ana María Fuentes, antiguos y actuales responsables de la gerencia socialista. Su intención era obtener copias de cualquier documentación física o digital almacenada en dichos domicilios. La Fiscalía volvió a oponerse y subrayó la ausencia de un respaldo policial consistente, ya que no constaba un atestado detallado que avalara la adopción de medidas de semejante trascendencia constitucional.
El Ministerio Público emitió finalmente un informe desfavorable a todas las solicitudes de VOX y apuntó que lo más coherente era que toda la investigación sobre posibles pagos en metálico dentro del PSOE quedara unificada en la Audiencia Nacional. Esta parte del caso ya está en manos del magistrado del caso Koldo, Ismael Moreno. El Tribunal Supremo remitió la causa tras apreciar indicios relacionados con la liquidación de gastos del partido.
La denuncia inicial presentada en Plaza de Castilla siguió el mismo camino. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, decidió no autorizar el registro solicitado por VOX. Sin embargo, sí abrió diligencias tras considerar que existían indicios sobre una posible infracción penal. Una vez completado este trámite, devolvió la causa al juzgado de origen, que envió las actuaciones a la Audiencia Nacional para incorporarlas al caso Koldo.
