La investigación sobre el caso Koldo incorpora ahora unas diligencias abiertas en los juzgados de Plaza de Castilla por una posible financiación ilegal del PSOE. La causa, iniciada tras una denuncia de VOX a comienzos de noviembre, ha terminado remitida a la Audiencia Nacional, que ya analiza los pagos en efectivo realizados desde Ferraz a miembros de la trama.
La documentación enviada a la Audiencia, adelantada por La Razón, detalla que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 37 decidió inhibirse al existir otro procedimiento en marcha sobre los mismos hechos. Ese expediente quedó en manos del magistrado Ismael Moreno, que ya dirigía las pesquisas relacionadas con los sobres de dinero en metálico repartidos durante los años investigados.
VOX presentó su denuncia el 20 de octubre ante Anticorrupción, el mismo día en que el Tribunal Supremo activó la revisión de las irregularidades detectadas en los pagos del PSOE a Koldo García y al exministro José Luis Ábalos. El partido de Santiago Abascal señaló un «uso masivo e indiscriminado de efectivo» dentro de la estructura económica socialista y acusó a Ferraz de no reflejar esas retiradas en sus cuentas oficiales.
La denuncia incluía el testimonio de la empresaria Carmen Pano, quien declaró haber entregado dos paquetes de 45.000 euros en plena pandemia por orden de Víctor de Aldama. También adjuntaba el informe de la Guardia Civil incorporado recientemente al caso Koldo, que sostiene que el exasesor de Ábalos cobró sobres con dinero no asociado a gastos justificados por el partido.
VOX acudió además a los juzgados de Madrid para solicitar medidas urgentes que impidieran la destrucción de pruebas. Entre ellas, la entrada en la sede de Ferraz para incautar registros contables, documentos internos y el material informático vinculado al departamento económico del PSOE. Reclamó igualmente acceder a la documentación entregada desde 2017 al Tribunal de Cuentas, así como registros en domicilios particulares vinculados a la gerencia del partido.
El escrito fue repartido el 4 de noviembre entre los juzgados de Plaza de Castilla y terminó en manos del Juzgado número 54, de guardia, dirigido por la juez Carmen Rodríguez-Medel. La magistrada abrió diligencias ese mismo día por posible financiación irregular y trasladó a la Fiscalía la decisión sobre las medidas solicitadas por VOX.
El Ministerio Público se opuso de forma tajante, argumentando que los registros en sedes de partidos y viviendas particulares requieren una justificación exhaustiva y recordando la protección constitucional del domicilio. Subrayó, además, que la Audiencia Nacional ya investiga estos hechos y que corresponde a este órgano decidir sobre cualquier actuación complementaria.
Rodríguez-Medel aceptó el criterio de la Fiscalía y devolvió el caso al Juzgado número 37, que también abrió diligencias, pero las remitió a la Audiencia Nacional para evitar resoluciones contradictorias con las del magistrado del caso Koldo. Según expuso, cualquier decisión sobre las medidas cautelares podría interferir en la instrucción ya en marcha.
El instructor ha incorporado toda la documentación llegada desde Plaza de Castilla a la pieza separada dedicada a esclarecer el uso del dinero en metálico dentro del PSOE. En paralelo, ha informado a VOX de que no puede presentar escritos en solitario dentro del procedimiento, por lo que sólo podrá impulsar nuevas medidas a través del Partido Popular, que ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares.
La línea de investigación permanece en fase embrionaria y a la espera de las diligencias que plantee Anticorrupción. El origen de los fondos recibidos por Ábalos y por Koldo, así como el sistema interno de pagos en Ferraz durante los años analizados, serán los ejes centrales de la investigación abierta.
