La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está indagando posibles maniobras dentro de la Fiscalía General del Estado para recompensar a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, tras haber facilitado documentos confidenciales relacionados con la investigación contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Según el informe, la UCO destaca la implicación directa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de su teniente fiscal, Diego Villafañe, en este proceso que habría desembocado en la filtración de información sensible.
Entre las pruebas, la UCO resalta mensajes intercambiados entre Rodríguez y Villafañe. El 7 de marzo, días antes de que la información llegara a los medios, la fiscal de Madrid envió al teniente fiscal todos los documentos del caso. «El jueves Diego me pidió las diligencias y le mandé tooooodo«, confesó Rodríguez a una colega tras publicarse la noticia. En otro mensaje, Villafañe le mostró su apoyo tras unas críticas de Díaz Ayuso en redes sociales. «Ánimo, espero que no te afecten las infamias de Ayuso», le escribió, a lo que Rodríguez respondió restándole importancia. Sin embargo, la conversación que siguió llamó la atención de los investigadores, ya que Villafañe añadió: «Tú cuídate mucho, que te vamos a necesitar a tope», lo que sugiere —según la UCO— la existencia de un plan profesional relacionado con ella.
El 13 de marzo, García Ortiz se comunicó directamente con Rodríguez para solicitarle los correos intercambiados con el abogado de González Amador. En lugar de utilizar su correo institucional, el fiscal general pidió que la información se enviara a una cuenta personal de Gmail. Según el informe, uno de los mensajes que Rodríguez envió a las 21:59 contenía un correo clave que, esa misma noche, fue publicado por un medio de comunicación. La UCO subraya que este hecho podría ser determinante para esclarecer la filtración.
Tras la publicación de una nota oficial de la Fiscalía sobre las negociaciones con el abogado de González Amador, Rodríguez informó a sus compañeros que el Colegio de Abogados de Madrid había decidido cortar relaciones con la Fiscalía de Madrid. «Nos acusan de publicar conversaciones sobre conformidad», expresó Rodríguez en un mensaje. Para calmar la situación, García Ortiz organizó una reunión con el decano del colegio, Eugenio Ribón, y la presidenta del Consejo de la Abogacía, Victoria Ortega. No obstante, el encuentro no logró evitar que el Colegio de Abogados se personara, meses después, como acusación popular en el caso que actualmente investiga el Tribunal Supremo.
La investigación ha derivado en un proceso judicial contra García Ortiz y Rodríguez, quienes están señalados por un posible delito de revelación de secretos. Para la Guardia Civil, el caso no sólo plantea dudas sobre las filtraciones de información confidencial, sino también sobre la existencia de posibles beneficios profesionales como compensación por colaborar en la difusión de esos documentos.
