La investigación de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba) sitúa el foco en la actuación de un alto cargo técnico de ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes. Según un informe policial remitido al juzgado, ese responsable ordenó la retirada y sustitución de material clave de la vía implicado en el siniestro antes de que quedara plenamente bajo control judicial.
La documentación, adelantada por El Debate, señala al subdirector de Operaciones de Mantenimiento de ADIF como origen de una orden que no se formalizó por escrito, sino que se transmitió de forma verbal a través de la cadena jerárquica. La instrucción descendió desde ese cargo hasta el jefe de área y, finalmente, al responsable de base encargado de ejecutar los trabajos.
El informe reconstruye una secuencia de actuaciones que comienza inmediatamente después del accidente. Entre el 22 y el 23 de enero, operarios retiraron material dañado en el punto del desvío donde se produjo el siniestro, incluidos fragmentos de la aguja ferroviaria y tramos de carril deformados. Estos elementos tienen especial relevancia para la reconstrucción pericial.
Semanas después, se produjo una segunda intervención que centra la atención de los investigadores. El jefe de base de ADIF en Hornachuelos, en calidad de testigo, reconoció haber recibido la orden de sustituir varios «cupones» —tramos de vía— en la zona del accidente. Según su declaración, la instrucción procedía de su superior inmediato, quien a su vez había recibido indicaciones del subdirector de Operaciones.
El propio responsable de los trabajos admitió ante la Guardia Civil que no se le facilitó ninguna justificación técnica concreta para llevar a cabo esas sustituciones. Incluso afirmó que algunos de los elementos retirados «no presentaban defectos aparentes» y que interpretó que la actuación «no tenía respaldo legal». Esta afirmación figura en el atestado y ha sido subrayada por los investigadores por su relevancia.
El informe también documenta el traslado del material fuera del lugar del accidente. En la noche del 27 al 28 de marzo, una dresina transportó quince cupones desde Adamuz hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos. Allí fueron descargados, agrupados y posteriormente precintados bajo supervisión policial. Los agentes detallan horarios, participantes y el procedimiento seguido.
Este movimiento plantea un problema clave para la investigación: la preservación de la escena del siniestro. En accidentes ferroviarios, los elementos de la vía resultan esenciales para determinar las causas. Su retirada o manipulación previa al análisis judicial puede alterar las condiciones originales y dificultar la reconstrucción de los hechos.
A ello se suma una posible quiebra en la cadena de custodia. El material fue almacenado inicialmente en una nave de ADIF sin control de accesos ni vigilancia permanente. El depositario judicial dejó constancia de que el recinto permanecía abierto y con tránsito de personal ajeno a la investigación, lo que obligó a su posterior precintado.
El informe de la Guardia Civil no establece aún una calificación jurídica, pero sí fija los hechos: una orden verbal dentro de la estructura de ADIF, ejecutada sobre elementos directamente vinculados al accidente y antes de su control judicial. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro ha incorporado esta documentación a la causa como pieza separada, lo que abre la puerta a nuevas diligencias para depurar responsabilidades sobre la gestión de la escena del siniestro y el papel de los responsables técnicos del gestor ferroviario.
