«El uso de la fuerza fue proporcionado ante el grado de resistencia o actitud peligrosa de los separatistas», dice.

Los Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de los guardias civiles afectados ante la querella criminal promovida por algunos Ayuntamientos contra los funcionarios de la Seguridad del Estado que evitaron el golpe de Estado en Cataluña en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Señala que los agentes impidieron que prosperaran las acciones violentas tendentes a la consecución de la segregación de la Comunidad de Cataluña, una parte del territorio nacional, toda una subversión del orden constitucional tipificada en el Código Penal como delito de sedición o rebelión, dependiendo del grado de gravedad de las actuaciones.
Por tal motivo, los Independientes de la Guardia Civil (IGC) defienden que los guardias civiles actuaron en cumplimiento de un deber impuesto jurídicamente y que no actuaron de forma contraria a Derecho.
Para IGC, los guardias civiles, en su misión de garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, tenían competencia para hacer uso de medios violentos legítimos en el desempeño de sus funciones propias. «De no haber hecho uso de dichos medios no hubieran podido cumplir con la obligación encomendada por la Autoridad Judicial. De hecho, no pudieron cumplirla en su totalidad logrando en muchos casos las personas que se resistieron su propósito impeditivo», dice.
Aseguran que el uso de la fuerza fue proporcionado ante el grado de resistencia o actitud peligrosa por parte de las personas concretas sobre las que fue empleada. «Para que la Guardia Civil interviniera sobre determinados grupos concentrados no era precisa siquiera una agresión previa, sino tan sólo una valoración previa de la situación de resistencia», añade la entidad. «En todo caso serán los jueces quienes deberán llevar a cabo el juicio de proporcionalidad, ponderando los intereses en conflicto ante la resistencia de las personas que querían impedir el cumplimiento del deber de los guardias civiles».
Asimismo, señala que los guardias civiles investigados tienen su total apoyo, mientras no se produzca sentencia firme condenatoria por dolo o imprudencia. «Sinceramente creemos que eso no llegará», incide.
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