Desde que Pedro Sánchez le cedió al gobierno vasco las competencias penitenciarias el 1 de octubre de 2021 a cambio de mantener su sillón en La Moncloa, la administración autonómica ha otorgado el régimen de semilibertad a más de un centenar de presos de ETA condenados por delitos de sangre. En total, 115 reclusos han accedido al tercer grado desde entonces, según denuncian asociaciones de víctimas y organizaciones policiales, que alertan de un cambio de política penitenciaria con consecuencias políticas y sociales.
En los últimos meses, el ritmo de concesiones se ha intensificado. Desde que María Jesús San José, consejera de Justicia del Gobierno vasco y miembro del PSOE, asumió el cargo a finales de junio de 2024, se ha autorizado el tercer grado a un preso de la organización terrorista aproximadamente cada once días. La responsable socialista forma parte del Ejecutivo autonómico que lidera el PNV en coalición.
Entre los beneficiados figura el exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, conocido como Txeroki, condenado por varios atentados mortales, entre ellos el asesinato de dos guardias civiles en Cap Bretón en 2007, así como por el atentado contra el exdirigente socialista Eduardo Madina. También han accedido a este régimen los tres etarras responsables del asesinato del dirigente del PSOE Fernando Buesa y de su escolta en Vitoria en el año 2000.
Las asociaciones de víctimas consideran que estas decisiones suponen una «humillación» y critican que el Ejecutivo central esté cediendo a las exigencias de EH Bildu para sostener la mayoría parlamentaria. En la misma línea, sindicatos policiales denuncian que esta política erosiona la memoria de las víctimas y reclaman un cambio de rumbo en la gestión penitenciaria.
