El 19 de agosto de 2024, el rey Mohamed VI concedió un indulto real a 4.831 personas condenadas, procesadas o buscadas por delitos relacionados con el cultivo de cannabis. La medida se anunció la víspera de la fiesta nacional de la Revolución del Rey y el Pueblo. El Ministerio de Justicia marroquí lo comunicó a través de la agencia oficial MAP y el medio Hespress lo publicó en su edición del mismo día. La noticia apareció también en la edición impresa del conocido diario marroquí Al Bayane, entre el 23 y el 25 de agosto del citado año.
El indulto se produjo tres años después de la ley de 2021 que reguló el cultivo de cannabis para fines terapéuticos e industriales. Las autoridades marroquíes, a través de la Agencia Nacional de Regulación de las Actividades Relativas al Cannabis (ANRAC), presentaron la medida como un paso para integrar a los cultivadores en el circuito legal y reducir la producción ilícita.
A raíz de este tipo de medidas, que en la práctica suponen un incentivo, la producción creció de forma sostenida. En 2024 alcanzó las 4.082 toneladas sobre 2.169 hectáreas; en 2025 la superficie legal se situó entre 3.141 y 4.751 hectáreas según distintos balances, con una producción de 1.957,6 toneladas de materia seca. Se concedieron miles de licencias adicionales y el número de agricultores autorizados aumentó hasta superar los 5.000 un año después del citado indulto. En definitiva, la amnistía trajo un incremento exponencial en la producción de la materia prima base para la producción de hachís.
Marruecos sigue siendo el principal proveedor de hachís a Europa. Las operaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional en España registran decomisos constantes de resina procedente de ese país. En aguas de El Estrecho de Gibraltar, el mar de Alborán y las costas de Canarias se interceptan regularmente toneladas de hachís transportadas en narcolanchas. Ejemplos recientes incluyen intervenciones de más de 6.000 kilos en el Estrecho este mismo año y varios alijos de entre 1.000 y 4.500 kilos en Canarias en los últimos dos años.
En mitad de tal contexto, este mes dos guardias civiles fueron asesinados y otros resultaron heridos en una colisión durante una persecución a una narcolancha en aguas de Huelva. El incidente ocurrió mientras se intentaba interceptar una embarcación sospechosa de tráfico de hachís, el mismo hachís que a día de hoy se sigue produciendo en Marruecos de forma exponencial gracias a una sensación de impunidad extrema premiada bajo indultos que condonan cualquier tipo de castigo impuesto sobre la base de la industria del narcotráfico.
Los 4.831 cultivadores indultados formaban parte de la cadena de suministro que convierte el cannabis en hachís listo para exportar. Su reinserción se produjo en un contexto donde la producción ilegal no ha desaparecido por completo, a pesar del aumento de la actividad regulada. Las redes de narcotráfico que operan en el norte de Marruecos siguen utilizando esa materia prima para abastecer las rutas hacia España. Los hechos muestran que el indulto coincidió con un periodo de actividad sostenida del narcotráfico en las aguas españolas. Las decisiones de Rabat sobre el cannabis tienen consecuencias directas en la seguridad del Estrecho y en las operaciones de las fuerzas de seguridad españolas. La producción de hachís no se ha detenido; simplemente ha cambiado de marco en parte, mientras los decomisos y los incidentes violentos continúan.
