El auto de imputación de Carles Puigdemont y otros dirigentes separatistas por su implicación en Tsunami Democràtic sienta las bases para impugnar la futura ley de amnistía ante los tribunales europeos y Naciones Unidas.
La resolución dictada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, sostiene que el perdón de los supuestos delitos de terrorismo presuntamente cometidos por los responsables de la plataforma clandestina supondría una vulneración de la legislación internacional y los compromisos adquiridos por España en acuerdos multilaterales, señala El Confidencial. Incluye, además, en su escrito la muerte de un ciudadano francés que convierte en inadmistiable al expresidente catalán con la actual redacción de la norma.
Castellón también deja entrever su intención de elevar el conflicto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a través de una cuestión prejudicial. Considera, y así lo refleja, que olvidar delitos de este tipo iría contra directivas de la UE e incluso resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y protocolos internacionales suscritos por España.
