La Comisión Europea se desentendió de las ayudas que concedió en el marco de la crisis del Covid para respaldar a empresas como Plus Ultra, dejando en manos de los Estados miembros tanto la selección de beneficiarios como la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos.
Así lo expresó en julio de 2021 un portavoz comunitario, que subrayó que corresponde a cada país garantizar que las subvenciones se ajustan tanto a las condiciones del régimen aprobado como a la normativa nacional y europea. En esa misma línea, Bruselas evitó pronunciarse sobre el caso concreto de la aerolínea española, asegurando que no existía ninguna investigación formal abierta.
Este posicionamiento llegó después de que varios eurodiputados, entre ellos Jorge Buxadé (VOX), trasladaran sus dudas a la institución europea mediante preguntas parlamentarias en las que cuestionaban la legalidad del rescate.
Tras recibir esas inquietudes, la Comisión recabó información del Ejecutivo español. El Gobierno defendió que la operación se ajustaba a derecho al considerar a Plus Ultra como una empresa «estratégica». Con esa respuesta, Bruselas dio por cerrado el asunto sin profundizar en nuevas comprobaciones, pese a que las críticas políticas se mantuvieron en el tiempo.
La reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la investigación judicial sobre este rescate ha reavivado el debate sobre el grado de supervisión de los fondos europeos. El caso, instruido por el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, pone el foco precisamente en el uso de ese dinero público y en los mecanismos de control existentes.
No se trata de un episodio aislado. En fechas recientes, el Tribunal de Cuentas español advirtió de un desvío cercano a 2.400 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia durante 2024 para hacer frente al pago de pensiones, en un contexto marcado por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales.
A ello se suma otra investigación abierta a comienzos de este año tras el accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. En ese caso, la Fiscalía Europea analiza si los 111 millones de euros concedidos por Bruselas para la reparación de la línea afectada se destinaron realmente a ese fin.
Estos precedentes han intensificado las críticas sobre la capacidad de seguimiento de la Unión Europea respecto al destino final de las ayudas que distribuye, especialmente cuando su gestión queda en manos de los Estados miembros.
