La pesadilla de José Santos Jiménez, un subinspector de la Policía Nacional jubilado, se extendió durante 17 largos meses, hasta el pasado 26 de noviembre. En 2022, decidió viajar a Brasil para visitar a la familia de su esposa, Jailma Pacheco, acompañado de su hijo Alejandro, de 16 años. Su destino fue Calas Novas-Goiás, en el centro del país.
Sin embargo, el viaje se tornó dramático al poco tiempo de llegar, cuando Santos sufrió un ictus. Pronto empezaron los problemas cuando intentó que España lo repatriara para recibir tratamiento médico, una gestión que resultó ser un auténtico calvario. La situación sólo se resolvió gracias a la intervención de la Fundación de Huérfanos de la Policía Nacional y la Unión de Jubilados, una asociación formada por exagentes de la Policía que ofrece ayuda a sus compañeros y sus viudas.
Los esfuerzos por conseguir que las autoridades españolas lo repatriaran fueron infructuosos durante meses. A pesar de las continuas llamadas a la embajada y al Ministerio de Exteriores, la familia se encontró con un absoluto silencio por parte de la administración. Mientras tanto, Santos sufrió dos ictus adicionales, lo que empeoró aún más su estado de salud.
Al principio de su estancia en Brasil, Jailma pudo teletrabajar, pero tras el primer ictus de su esposo, perdió su empleo. Para sobrevivir, comenzó a utilizar las cuentas bancarias de Santos, pero el banco las bloqueó por no estar autorizada. Desesperada, se dirigió a la embajada española en Brasil, pero no obtuvo ninguna respuesta.
En julio de 2023, fueron los antiguos compañeros de Santos quienes alertaron a la Unión de Jubilados de la difícil situación del expolicía. La asociación de agentes retirados puso en marcha sus recursos y estableció contacto con la Fundación de Huérfanos. Con el apoyo de esta fundación, comenzaron a buscar soluciones inmediatas para traer a Santos de vuelta a España.
Lola Amorós, una de las fundadoras de la Unión de Jubilados, pidió a la familia de Santos que recopilara documentación, como el libro de familia y los problemas con el banco. La organización dudó inicialmente de que se tratara de una estafa, pero pronto confirmaron que la situación era real.
Tras semanas de intentos fallidos, la Unión de Jubilados comenzó a gestionar el caso a través de los canales oficiales. Intentaron contactar con el consulado y la embajada, así como con el Ministerio de Exteriores, pero el silencio persistió. La situación de Santos empeoraba mientras la familia seguía esperando una respuesta.
Finalmente, el abogado de la Fundación de Huérfanos intervino enviando una carta a la embajada de España en Brasil, detallando la situación de Santos y su condición de subinspector retirado. En el escrito, se mencionó la Orden AUC 154/2022, que establece que el Ministerio de Exteriores tiene la obligación de repatriar a los españoles en situación de vulnerabilidad. En una semana, el consulado contactó con Jailma para informarle de que comenzaban los trámites para repatriar a Santos.
Tras varias fechas anunciadas y retrasadas, el 26 de noviembre, Santos finalmente emprendió su viaje de regreso a España. Fue trasladado en ambulancia desde Calas Novas-Goiás hasta Brasilia y luego voló en un avión comercial hacia Lisboa, acompañado por un médico y una enfermera. En Lisboa, otra ambulancia lo esperaba para llevarlo a Madrid, donde fue ingresado en el Hospital Universitario La Luz.
Sin embargo, aunque Santos pudo regresar a su país, su familia no recibió la misma atención. Ni su esposa ni su hijo recibieron ayuda del Ministerio de Exteriores para su viaje. Fue la Fundación de Huérfanos la que se encargó de los billetes. Además, el traslado desde Lisboa hasta Madrid fue costeado por la Unión de Jubilados, que cubrió unos 31.000 euros.
