La inspectora de la Policía Nacional que presentó una querella contra el ex DAO José Ángel González Jiménez ha entregado en el juzgado diversos elementos de prueba que, según su abogado, acreditarían la presunta agresión sexual sufrida en abril del año pasado. Según publica The Objective, entre los documentos presentados se encuentran una grabación de 40 minutos, mensajes electrónicos y partes médicos. En caso de impugnación de estas pruebas, el abogado ha solicitado que la Guardia Civil se encargue del cotejo, análisis forense y verificación de los elementos aportados.
El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, admitió a trámite la querella el pasado martes, tras lo cual el ex DAO renunció a su cargo alegando la necesidad de salvaguardar el honor de la institución y ejercer su derecho a la defensa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró en el Congreso que no tuvo conocimiento de los hechos hasta que fueron publicados por los medios de comunicación, versión que ha generado dudas dentro del cuerpo policial.
La querella describe una presunta violación ocurrida el 23 de abril del año pasado, durante la cual la víctima habría sido trasladada por órdenes de su superior a su vivienda oficial, donde se habría producido la agresión. Según el escrito judicial, la relación anterior entre la inspectora y el ex DAO se caracterizaba por una asimetría de poder institucional que habría sido utilizada para ejercer control y dominación psicológica.
El caso ha puesto de relieve un presunto incumplimiento del protocolo interno por parte de la Policía Nacional. Tras la baja laboral de la víctima en julio, el procedimiento interno que incluía entrevistas por psicólogos especializados, aportación de informes médicos y psicológicos, y comunicación con los órganos correspondientes, no fue ejecutado. El servicio sociosanitario encargado del control del absentismo laboral habría omitido la citación de la inspectora y bloqueado el proceso de seguimiento.
El entorno del ex DAO niega los hechos y los vincula con desacuerdos administrativos relacionados con cambios de destino solicitados por la inspectora. No obstante, la querella detalla llamadas y ofrecimientos para adquirir el silencio de la víctima, atribuidos también al comisario Óscar San Juan. Además, la denuncia pone en entredicho la actuación de la cúpula policial y el papel del ministerio en la protección de los funcionarios.
El procedimiento continúa en fase de investigación, con posibles implicaciones sobre la gestión interna de la Policía Nacional y la supervisión del Ministerio del Interior en casos de presunta violencia sexual dentro del cuerpo.
