La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha detectado irregularidades en uno de los contratos adjudicados por Red.es en 2021 a una unión temporal de empresas liderada por KPMG e Innova Next, la firma vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés. El proceso de adjudicación, que terminó con una licitación por valor de 2.149.200 euros (sin IVA), favoreció a la UTE de Barrabés por un estrecho margen frente a su competidor más cercano, PWC. Este contrato es uno de los que se investigan en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, en una causa que salpica indirectamente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por sus cartas de recomendación a favor del adjudicatario.
El análisis de la IGAE —enviado por orden del juez Juan Carlos Peinado— forma parte de una revisión más amplia sobre media docena de contratos públicos en los que la empresa de Barrabés resultó beneficiada. De todos ellos, el contrato de Red.es es el único que permanece bajo jurisdicción del juez, ya que los otros, financiados con fondos europeos, fueron derivados a la Fiscalía Europea. Entre los contratos analizados, también figuran uno del Consejo Superior de Deportes y cuatro del Ayuntamiento de Madrid. En tres de estos últimos, la IGAE también ha encontrado deficiencias, aunque en algunos casos con menor peso jurídico.
El informe técnico de la IGAE concluye que la ponderación de los criterios de adjudicación en el contrato de Red.es no se ajustó a la normativa. Aunque formalmente el 60% de la puntuación debía corresponder al precio, en la práctica este criterio sólo pesó un 30%, lo que dio mayor peso a las valoraciones técnicas, que dependen de juicios subjetivos. Esta desviación en la fórmula utilizada implicaba que, legalmente, esa parte del proceso debía ser evaluada por un comité independiente de expertos, y no por personal del órgano contratante.
Sin embargo, fue el Consejo de Administración de Red.es el que realizó esa fase crucial de la puntuación técnica. Según el informe, en la práctica fue su secretario general de entonces, David Cierco, quien asumió dicha tarea. Cierco ya ha comparecido en la Comisión de Investigación del Senado por el caso Koldo, y ha negado haber cometido irregularidades en su gestión.
El procedimiento de contratación comenzó en junio de 2020, fecha que coincide con la implicación de Barrabés en la puesta en marcha de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Fue en calidad de directora de esa cátedra que Gómez firmó cartas de apoyo dirigidas a Red.es, organismo público cuya cúpula era designada por el propio Gobierno. El objeto del contrato estaba alineado con los fines académicos de la cátedra: asesorar a pequeñas y medianas empresas en su transformación digital.
La Guardia Civil, en un informe previo de la Unidad Central Operativa (UCO), ya había detectado que este contrato fue tramitado «en paralelo» con otros dos otorgados también a empresas de Barrabés, que igualmente contaron con cartas de recomendación de Gómez. Según la UCO, los tres procesos compartían patrones similares en su desarrollo y estaban gestionados por los mismos responsables públicos.
En lo que respecta a los contratos municipales revisados, la IGAE ha apuntado ciertos defectos de procedimiento. En uno de los firmados durante el mandato de Manuela Carmena, por ejemplo, se echa en falta una justificación más detallada de uno de los requisitos para participar en la licitación, aunque no se considera una infracción legal. En otros dos contratos firmados ya bajo la administración del Partido Popular, el informe vuelve a señalar fallos similares a los del expediente de Red.es, aunque en estos casos se matiza que el impacto sobre el resultado final de la adjudicación fue menor.
