La base de datos sobre inversión y stock de capital en España, elaborada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) junto con BBVA Research, ha revelado que la inversión pública en nuestro país ha funcionado como un simple interruptor, activado o desactivado en función del ciclo económico, con consecuencias tangibles como la reciente paralización del AVE Madrid-Sevilla en mayo de 2025.
Lo más alarmante no es sólo la fuerte caída de la inversión pública, que ha pasado del 3,5% del PIB en los años noventa a apenas un 1,8% en 2023, sino la ausencia de una visión estratégica a largo plazo durante buena parte del tiempo intermedio. Esta tendencia se ha agravado tras la crisis de 2008, cuando los recortes presupuestarios se cebaron especialmente con la inversión en obra pública, generando un déficit acumulado que ahora pagamos con servicios menos eficaces.
Desde 2022 se ha producido un repunte en la inversión en infraestructuras de transporte, impulsado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aunque este esfuerzo sigue siendo insuficiente para revertir años de desinversión. En específico, la política de inversión del Gobierno ha sido expansiva en épocas de bonanza, con proyectos a menudo desmesurados y de dudosa utilidad, y extremadamente restrictiva en tiempos de crisis.
Además, el modelo institucional español tampoco ha facilitado una inversión pública centrada en criterios de rentabilidad social. Expertos han advertido que se ha priorizado la inversión en sectores muy concretos, como el ferroviario, mientras se ha descuidado el ciclo del agua, la gestión de residuos.
