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La izquierda y los separatistas rechazan la propuesta de VOX para que la Policía pueda desalojar a los okupas

El presidente del grupo parlamentario VOX en el Parlament, Ignacio Garriga. VOX

La izquierda y los separatistas han rechazado la propuesta de VOX para que la Policía pueda desalojar de manera inmediata a los okupas. El partido, que ha presentado esta propuesta dentro de una moción para combatir de manera efectiva la okupación en Cataluña, pretende que el testimonio de los vecinos sirva como prueba de la intrusión para favorecer un desalojo inmediato.

El diputado Sergio Macián ha acusado a la Generalitat de «poner la alfombra roja a los okupas en Cataluña, la región de España líder en esta problemática».

La cuestión es especialmente grave, ha dicho, para los catalanes de los barrios más desfavorecidos a los que el separatismo y la izquierda condena a convivir con esta realidad cada día». Por ello, ha solicitado que “dejen de estar al lado de los delincuentes y se decidan por hacer frente al okupa para que sea desalojado de forma inmediata”.

Además, VOX ha propuesto en su moción elaborar un plan específico para defender a los vecinos que se ven abocados a convivir con okupas y que denuncian amenazas, acoso, tráfico de drogas, daños a bienes de la comunidad o actividades ruidosas. Del mismo modo, ha pedido la creación de un servicio de asistencia y asesoramiento telefónico para atender a todos los afectados por la okupación, y que se compense a los propietarios y arrendadores que la han sufrido.

Macián ha exigido también que se aumenten las penas por delito de allanamiento y usurpación, y que se reforme la ley de enjuiciamiento criminal para que estos puedan ser procesados mediante juicio rápido. También ha pedido que se tomen medidas «de forma urgente e inmediata para luchar de manera efectiva contra las mafias de la okupación que buscan y ofrecen pisos para ser okupados».

Del mismo modo, VOX también ha pedido un plan específico contra la okupación ilegal en el parque público de vivienda social y que se eliminen las ayudas públicas de vivienda a quienes hayan sido condenados por allanamiento o usurpación de inmuebles.

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