La jueza que instruye la causa por el colapso de la pasarela El Bocal en Santander sostiene que la responsabilidad principal sobre el estado de la estructura recaía en la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, al que atribuye la obligación exclusiva de velar por su correcta conservación.
En su resolución, la magistrada ha acordado emprender acciones penales contra dos responsables de este organismo: por un lado, el jefe de servicio de proyectos y obras y, por otro, el director de Obras que estuvo al frente de la actuación de la senda litoral en 2012, quien además ocupa actualmente la jefatura de ese departamento.
El auto, difundido este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, pone de relieve que la pasarela llevaba años abierta al uso público pese a no haberse completado formalmente las obras ni haberse producido su recepción por parte del Ayuntamiento de Santander. Esta circunstancia refuerza, según la instructora, la responsabilidad directa de Costas en su mantenimiento desde al menos 2014.
Además, la resolución judicial advierte de la existencia de indicios relevantes de una posible actuación negligente. En concreto, señala que la única intervención de reparación documentada, realizada en julio de 2024, se limitó a elementos de madera, dejando sin tratar la estructura metálica, que presentaba un avanzado estado de oxidación, tal y como concluyó la Policía Científica en su informe.
El texto también recuerda que el proyecto inicial, iniciado en 2012, quedó interrumpido tras la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria, mientras que una segunda iniciativa planteada en 2016 nunca llegó a aprobarse. Como consecuencia de este escenario, la conservación de la infraestructura quedó íntegramente en manos de Costas.
No obstante, la magistrada introduce un matiz respecto al papel del Ayuntamiento de Santander, al que atribuye competencias en materia de control administrativo sobre espacios accesibles al público. En este sentido, considera que, ante cualquier indicio de peligro, el consistorio debía haber adoptado medidas preventivas como el cierre, señalización o limitación de acceso a la pasarela, especialmente teniendo en cuenta su uso dentro de rutas turísticas y senderos frecuentados.
