El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido entre 2018 y 2024 por Teresa Ribera, jugó un papel determinante en el espectacular crecimiento de Forestalia, el gigante aragonés de las renovables actualmente bajo investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) por su presunta vinculación con una nueva trama de corrupción que salpica al PSOE. Según informa The Objective, durante esos años, la empresa logró cerrar operaciones multimillonarias gracias a contar con autorizaciones ambientales y licencias administrativas ya encarriladas por el propio Ministerio.
Agentes de la UCO se personaron la semana pasada en dependencias del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica para recabar documentación relacionada con esta causa, aún bajo secreto. Entre los organismos visitados figura la Dirección General de Política Energética y Minas, responsable de tramitar las autorizaciones administrativas previas y las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de los grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos, precisamente los que constituyen el núcleo del negocio de Forestalia.
Durante la etapa de Ribera, las DIA favorables a Forestalia se convirtieron en una constante, permitiendo al grupo desarrollar proyectos de gran envergadura que luego eran vendidos a fondos y grandes compañías energéticas. La normativa establece que los parques de más de 50 megavatios dependen directamente del Estado, lo que situó estas decisiones clave en manos del Ministerio. Forestalia supo explotar ese marco regulatorio como ninguna otra firma del sector.
El ejemplo más significativo fue la operación cerrada en 2021 con Bruc Energy, grupo vinculado al exconsejero delegado de FCC, Juan Béjar. Forestalia vendió cerca de 2.000 megavatios fotovoltaicos, repartidos en decenas de sociedades instrumentales, por un importe aproximado de 1.400 millones de euros, una de las mayores operaciones registradas hasta entonces en el sector de las renovables en España.
Fuentes del sector reconocen que adquirir proyectos de Forestalia era una apuesta segura, ya que llegaban al mercado con los permisos administrativos prácticamente resueltos, lo que aceleraba enormemente los plazos y elevaba su valor. Este modelo de negocio, basado en la obtención rápida de autorizaciones para después revender los activos, se multiplicó durante los años en que Ribera dirigía el departamento ahora bajo la lupa de los investigadores.
La investigación de la UCO trata de esclarecer si esa fluidez administrativa fue fruto de simples decisiones técnicas o si existió un trato de favor que permitió a Forestalia protagonizar algunos de los mayores pelotazos del negocio verde en plena era socialista.
