Avanza la instrucción contra Sofía Puente por la ley de nietos. La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha concedido cinco días a la Fiscalía para que informe sobre la admisión de la querella contra la hermana del ministro Óscar Puente por un supuesto delito de prevaricación administrativa. La magistrada todavía debe resolver si admite la acción penal, por lo que este trámite no supone por sí mismo su imputación.
La providencia, avanzada por Vozpópuli, llega después de que el juzgado recibiera la documentación de dos procedimientos anteriores contra Sofía Puente que fueron archivados. Aunque ya se habían abierto diligencias previas para tramitar la querella, la juez ha solicitado ahora el criterio del Ministerio Público antes de decidir si procede investigar los hechos denunciados.
El reproche de Hazte Oír se centra en la instrucción administrativa de octubre de 2022 que desarrolló el acceso a la nacionalidad española previsto en la Ley de Memoria Democrática. La asociación sostiene que Puente amplió indebidamente el alcance de la norma al establecer que quienes abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 fueran considerados exiliados sin necesidad de acreditar individualmente los motivos de su salida.
Según la interpretación de los querellantes, la ley vinculaba ese derecho a los descendientes de españoles afectados por el exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual. La querella acusa a Puente de modificar el sentido del precepto mediante una disposición de rango inferior, en lugar de limitarse a precisar su aplicación. El escrito atribuye a esa actuación un apartamiento deliberado de la ley, una acusación sobre la que el juzgado aún debe pronunciarse.
La controversia tiene también un frente en la jurisdicción contencioso-administrativa. Según la información publicada, el Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente el voto de los nacionalizados al amparo de esta norma, a petición de Iustitia Europa. La Abogacía del Estado ha recurrido esa decisión en representación del Gobierno al considerar que el alto tribunal se ha excedido con la medida.
