La aplicación de la denominada «ley de nietos» ha dejado un enorme volumen de expedientes concentrado en un reducido número de consulados españoles. Sólo 16 oficinas consulares acumulan 142.739 de las 168.896 inscripciones afectadas por la revisión ordenada tras las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Supremo, el 84,5% del total.
La cifra figura en un informe de la Dirección General de Asuntos Consulares incorporado al recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión del Supremo sobre las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Los servicios jurídicos del Estado sostienen que resulta «materialmente imposible» completar la comprobación de casi 170.000 expedientes antes del próximo 1 de enero de 2027.
Entre las oficinas que soportan el mayor volumen se encuentran los consulados generales españoles de La Habana, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas y Mendoza.
La Abogacía alude tanto a la enorme carga administrativa como a problemas específicos en algunos países, entre ellos cortes de electricidad, dificultades de suministro de combustible o consecuencias de desastres naturales, para justificar que la revisión no pueda completarse en los plazos fijados.
Casi 170.000 expedientes bajo revisión
El conflicto tiene su origen en la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y, especialmente, en la instrucción dictada el 25 de octubre de 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.
La instrucción fue firmada efectivamente por Sofía Puente y estableció los criterios para tramitar el derecho de opción a la nacionalidad española previsto por la ley.
La norma permite optar a la nacionalidad, entre otros colectivos, a personas nacidas fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido originalmente español y hubiera perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación e identidad sexual. La instrucción administrativa desarrolló posteriormente cómo debía aplicarse este derecho en las oficinas del Registro Civil.
El punto que ha terminado bajo escrutinio judicial es la presunción establecida para determinados españoles que abandonaron el país durante un periodo concreto del siglo XX. Según los datos manejados por la Abogacía, 168.896 personas inscritas en el CERA obtuvieron la nacionalidad a través del supuesto relacionado con esa interpretación.
El Supremo paralizó cautelarmente determinadas altas
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó a principios de septiembre suspender cautelarmente determinadas altas en el CERA mientras los consulados comprueban si los nacionalizados afectados cumplen las condiciones requeridas.
El tribunal apreció un posible riesgo para la «objetividad y transparencia del proceso electoral» derivado del crecimiento extraordinario del censo exterior y de las dudas planteadas sobre la aplicación de la instrucción administrativa. La Abogacía del Estado ha recurrido esa resolución.
Según sus cálculos, el Supremo partió de una cifra de 408.262 nuevos electores, mientras que los servicios jurídicos del Estado reducen el número total de nuevas incorporaciones relevantes a 369.017 y sitúan en 168.896 los casos afectados por el supuesto concreto objeto de revisión.
El Gobierno sostiene además que esos 168.896 electores representarían únicamente el 0,44% de un censo nacional próximo a 38,5 millones de personas.
Aplicando los niveles de participación de las elecciones generales de 2023, la Abogacía calcula que sus votos supondrían alrededor del 0,06% del total de sufragios emitidos y considera por ello que su capacidad para alterar por sí solos unas elecciones sería «ínfima».
137 consulados podrían completar la revisión
La situación, sin embargo, cambia enormemente dependiendo de cada oficina. Según el informe aportado por la Abogacía, 137 consulados han registrado menos de 500 inscripciones afectadas. Si se calcula aproximadamente 20 minutos de revisión por cada expediente, esas sedes podrían terminar las comprobaciones antes de finales de año salvo circunstancias excepcionales.
Otras 19 oficinas han tramitado entre 500 y 1.500 expedientes. El Estado calcula que necesitarían alrededor de seis meses para revisarlos, aunque con refuerzos de personal el plazo podría reducirse.
El principal cuello de botella se encuentra en las restantes 16 oficinas, que concentran por sí solas esos 142.739 expedientes. La Abogacía considera que no resulta factible completar su análisis antes del 1 de enero. Ese día resulta especialmente relevante porque marcará el cierre del censo correspondiente a las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.
VOX pide que declaren Sofía Puente y varios cónsules
VOX, personado en el procedimiento, ha respondido reclamando al Tribunal Supremo que cite como testigos a Sofía Puente y a responsables de las oficinas consulares que han tramitado un mayor número de expedientes.
La formación pide también la declaración de la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez, así como de los cónsules de España en Rosario y Buenos Aires y de responsables anteriores de esas oficinas desde la entrada en vigor de la norma.
El partido basa parte de su petición en una respuesta obtenida a través de Transparencia según la cual la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares indicó a las oficinas que aplicaran los criterios establecidos por la instrucción de 2022 y su modificación posterior de noviembre de 2024.
Vox sostiene que es necesario aclarar si las nacionalizaciones se concedieron respetando las exigencias legales o si algunas oficinas aplicaron de forma excesivamente amplia las instrucciones administrativas.
Sospechas sobre el consulado de Rosario
Entre los casos señalados por VOX figura el del Consulado General de España en Rosario, Argentina. La formación sostiene, basándose en documentación e informaciones incorporadas a su escrito, que allí se habrían agrupado solicitudes de numerosos miembros de una misma familia alrededor de un único ascendiente español, reutilizando documentación en diferentes expedientes sin acreditar de manera individualizada en todos ellos la condición de exiliado.
Según el escrito, existirían familias en las que más de 30 descendientes habrían obtenido la nacionalidad española mediante este procedimiento.
Estas afirmaciones forman parte de las alegaciones presentadas por Vox ante el Supremo y no constituyen por sí mismas hechos declarados probados judicialmente. La formación también ha señalado posibles problemas en consulados como los de Caracas, Asunción, La Habana y Buenos Aires.
El consulado bonaerense destaca especialmente por el volumen de trabajo: Vox señala que había recibido 645.052 solicitudes a mediados de 2026, aunque esa cifra se refiere a solicitudes tramitadas o recibidas y no equivale al número de inscripciones electorales afectadas por la cautelar.
