La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha dado un plazo de cinco días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión de la querella presentada contra Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la denominada «ley de nietos».
La magistrada ha adoptado la decisión después de recibir la documentación correspondiente a dos procedimientos anteriores dirigidos contra Puente que terminaron archivados. Una vez que el Ministerio Público emita su informe, la juez tendrá que decidir si admite a trámite la nueva querella y abre formalmente una investigación penal.
El procedimiento tiene su origen en la acción presentada por Hazte Oír, que cuestiona la actuación de Sofía Puente cuando ejercía como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.
La asociación sostiene que Puente se excedió en la interpretación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática mediante una instrucción administrativa dictada el 25 de octubre de 2022, ampliando supuestamente los supuestos previstos por el legislador para acceder a la nacionalidad española. Se trata, por ahora, de la tesis de la parte querellante, pendiente de que el juzgado decida siquiera sobre la admisión de la causa.
La instrucción que está en el centro de la querella
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho de opción a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles nacidos en el extranjero y contempla, entre otros supuestos, a descendientes de quienes hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.
La instrucción firmada posteriormente por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública estableció además que se presumiría la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, aunque los solicitantes debían acreditar la salida del territorio español. Para quienes abandonaron el país entre 1956 y diciembre de 1978 sí exigía acreditar específicamente la condición de exiliado. Ese criterio constituye uno de los principales argumentos de la querella.
Hazte Oír sostiene que la instrucción no se limitó a desarrollar administrativamente la ley, sino que alteró su alcance. En su escrito, la asociación acusa a Puente de haber «reescrito» la norma mediante una interpretación que, a su juicio, se apartaba deliberadamente de lo aprobado por las Cortes.
La propia instrucción de 2022 justificó, sin embargo, su interpretación apelando a lo que definió como la «verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley», y sostuvo que el primer párrafo de la disposición adicional octava podía entenderse como comprensivo de dos supuestos diferentes de acceso a la nacionalidad.
Sofía Puente pide que no se admita la querella
La hermana del ministro de Transportes ha reclamado al juzgado que inadmite la querella al considerar que los hechos ya fueron analizados anteriormente y archivados. Puente ha invocado el principio de cosa juzgada, argumentando que en 2024 otro juzgado madrileño descartó que existieran indicios suficientes de prevaricación en relación con la misma instrucción.
La nueva querella incorporó posteriormente documentación adicional y ha sido ampliada después de las últimas resoluciones judiciales relacionadas con los efectos electorales de las nacionalizaciones concedidas al amparo de la norma. El Juzgado de Instrucción número 35 había abierto ya en julio diligencias previas para estudiar la denuncia y había anunciado que resolvería sobre su admisión después de conocer la posición del Ministerio Público.
La providencia conocida ahora reactiva ese trámite después de que la juez haya tenido acceso a los antecedentes judiciales anteriores y establece un plazo concreto de cinco días para que la Fiscalía se pronuncie.
La ‘ley de nietos’, bajo disputa judicial
El conflicto sobre la actuación de Sofía Puente se produce en paralelo a la controversia judicial abierta alrededor de los efectos de las nacionalizaciones concedidas mediante la Ley de Memoria Democrática.
La propia Ley 20/2022 estableció el derecho a optar a la nacionalidad para determinados descendientes de españoles en el extranjero y fijó inicialmente un plazo de dos años para formalizar las solicitudes, prorrogable durante un año más por el Consejo de Ministros.
En las últimas semanas, la denominada «ley de nietos» ha sido objeto también de procedimientos ante la jurisdicción contencioso-administrativa relacionados con la incorporación al censo electoral de personas nacionalizadas mediante esta vía.
