La investigación que involucra al hermano de Pedro Sánchez y otras ocho personas por posibles delitos contra la Administración Pública continúa avanzando, según ha confirmado la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma. La juez subraya que no se trata de una «investigación prospectiva» y que las diligencias se han ampliado en función de los nuevos indicios recopilados desde que comenzó el proceso en junio.
Entre los puntos clave de la causa está la creación de una plaza de alta dirección en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz en 2017, que fue ocupada por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según documentos incautados, inicialmente se consideró que esta posición no era prioritaria, pero el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Gallardo, dio su visto bueno tres días después de calificar los gastos presupuestados como «excesivos». La modificación supuso un cambio en el presupuesto por valor de 123.000 euros.
La investigación también ha incluido el análisis de más de 60.000 correos corporativos de altos cargos de la Diputación. Estos mensajes, revisados por la Guardia Civil y la propia juez, se centran en determinar si hubo irregularidades en la creación de esta plaza y si se realizaron “actos preparatorios” que podrían sustentar las sospechas de manipulación en el proceso. A pesar de las críticas de los afectados, que alegan vulneración de derechos fundamentales, la Audiencia Provincial de Badajoz ha respaldado las medidas adoptadas por la instructora.
Otro aspecto relevante es que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y la Agencia Tributaria han descartado que David Sánchez posea 1,4 millones de euros en acciones del BBVA, un dato que inicialmente formaba parte de la denuncia presentada por Manos Limpias. Este error en la valoración de las acciones no ha sido suficiente para archivar el caso, ya que la investigación se centra ahora en el proceso de adjudicación del puesto y el posterior ascenso de Sánchez a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, un cambio que no estuvo respaldado por procedimientos internos.
La juez también ha recordado que las fases de instrucción buscan recabar pruebas y que citar a los investigados, entre ellos David Sánchez, el presidente de la Diputación y otros siete imputados, no sólo no vulnera sus derechos, sino que les brinda la oportunidad de ofrecer su versión. Según el auto, «todo ciudadano está sujeto a la igualdad ante la ley y debe comparecer ante la justicia si se le atribuye algún hecho de relevancia penal».
Finalmente, Beatriz Biedma ha rechazado las solicitudes para destruir las pruebas, entre ellas los correos corporativos, y recalca que las decisiones adoptadas han sido confirmadas por instancias superiores. La investigación sigue abierta mientras la Guardia Civil y el juzgado trabajan para determinar quién ordenó específicamente la creación de la polémica plaza y si se infringió la normativa.
