La jueza María Núñez Bolaños, instructora del caso ERE, ha citado a declarar como investigados a dos ex altos cargos del Gobierno central de 2003 -presidido por José María Aznar- y al exsecretario regional de CCOO, Francisco Carbonero, en la pieza sobre las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva.
En esta pieza se investigan presuntos delitos de malversación y prevaricación en la concesión de más de 40 millones en ayudas a la minería de la Faja Pirítica de Huelva en 2003 para un ERE en el que presuntamente se prejubilaron personas que no cumplían los requisitos y en el que se destinó dinero a «fines distintos».
Hay 25 investigados, entre ellos la exdirectora de Trabajo del Ministerio de Empleo Soledad Córdova y la ex secretaria general de Empleo Carmen de Miguel -ya que al tratarse de un sector estratégico como la minería el ERE fue aprobado por el Ejecutivo central- que están citadas este martes para declarar ante la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla a las 10.45 y 11.00 horas respectivamente, según una providencia del 3 de julio.
A partir de las 10.00 horas están citados en el mismo juzgado la exnúmero tres de la Federación de Industrias de UGT Begoña Abdelkader, el ex secretario general de CCOO-Andalucía Francisco Carbonero, el sindicalista de UGT Manuel Chaves Castilla y uno de los presuntos ‘intrusos’ que se prejubilaron en el ERE sin corresponderle, Tadeo Domínguez.
Además, el jueves 19 están citados otros seis responsables sindicales de UGT y CCOO, entre ellos el ex secretario general de UGT-Andalucía Manuel Pastrana, que ha pedido suspender su declaración por motivos de salud.
En esta pieza también son investigados los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, además de los exresponsables de las aseguradora Vitalia, Uniter y del despacho jurídico Villasís.
Precisamente, a petición de la defensa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín la jueza Núñez solicitó al Ministerio de Empleo un informe sobre el sistema por el que se concedían las ayudas extraordinarias para prejubilaciones en el Gobierno entre 2001 y 2011, el mismo periodo investigado en las ayudas de la Junta.
Recientemente, el juzgado recibió el informe según el cual el Gobierno otorgó estas ayudas por «concesión directa» sin concurso público, al amparo de una orden ministerial del 5 de abril de 1995 según la cual podían ser solicitadas por las empresas o los representantes de los trabajadores y «la Dirección General de Trabajo resolvía directamente» en función de la «disponibilidad presupuestaria».
Esta orden fue dictada siendo ministro de Trabajo José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía que será juzgado a partir de diciembre por prevaricación y malversación de caudales públicos en la pieza política del caso ERE sobre el procedimiento específico con el que durante una década la Junta repartió más de 800 millones en ayudas para empresas en crisis.
El informe añade que esta forma de concesión directa se mantiene en la actualidad y que «no se realizó por el organismo estatal o por la Subdelegación del Gobierno comprobación respecto del coste de la póliza de seguros» porque éstos carecían de competencia «para determinar si la ayuda se ingresaba o no en una póliza de seguro, quién fuera en su caso el tomador o si el coste de la póliza era o no adecuado».
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